El delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues ha anunciado hoy durante una reunión con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que el Ministerio de Hacienda va a aprobar la modificación del Reglamento de aplicación de los tributos, en la que se establecerá la obligatoriedad de la identificación de los titulares de las viviendas turísticas, así como de las plataformas colaborativas, sean personas o entidades, que actúan como intermediarias entre los propietarios de estas viviendas y los usuarios que las alquilan.
"En breve se va a aprobar esta nueva normativa estatal que va a suponer un mayor control y estos datos estarán a disposición de la Generalitat para que pueda emplearlos en el ámbito de sus competencias", ha destacado el delegado.
Moragues ha recordado que en estos momentos la Agencia Valenciana de Turismo tiene acceso a los datos de catastro y también a través del Consejo Territorial de Gestión de Tributos de la Agencia Tributaria, donde está presente la Generalitat, y en el que se facilita este tipo de información.
"Esta información será con el nuevo reglamento más completa y detallada. El Gobierno siempre va a estar al lado del sector turístico y, por ello, tienen nuestra máxima disposición para luchar contra el intrusismo y la competencia desleal", ha señalado.
El aumento el presión del alojamiento sumergido en el sector turístico es ahora mismo la principal amenaza para los hoteleros y las empresas y propietarios que tienen regularizados sus apartamentos turísticos. Pese al aumento del control por parte de la Agencia Valenciana de Turismo, se estima que en la provincia de Alicante unas 400.000 plazas escapan al control del Consell.
Este verano, en concreto en los meses de julio y agosto las inspecciones han permitido que en lo que va de año 2017, 1.300 apartamentos turísticos se registren cada vez. Desde el inicio de la legislatura en 2015 ya han aflorado 32.335 apartamentos que funcionaban en la clandestinidad y este año se han abierto 209 expedientes que puedan acabar en sanción.
En los meses de julio y agosto, en la provincia de Alicante se dieron 1.396 nuevas altas, 752 en València y 441 en Castellón. Se han visitado 181 empresas y controlado a 13.758 viviendas. Desde 2015, la cifra de apartamentos reglados en la Costa Blanca ha pasado de los 25.494 a 34.764, una buena cifra para Colomer, que ha destacado la incorporación de los ayuntamientos a esta cruzada contra el alojamiento clandestino.
La Agencia Valenciana de Turismo ha resuelto hasta ahora con multas seis de los siete expedientes abiertos a diversas plataformas «online» de alquiler de apartamentos en Internet, con sanciones por valor de 120.000 euros. El motivo es que las plataformas comercializaban viviendas como turísticas sin estar registradas oficialmente, lo que se considera una falta grave en la Ley del Turismo. El Consell ha decidido ser implacable y anuncia que en el borrador de la nueva legislación la multa por el mismo motivo ascenderá a 600.000 euros.
Tres de las grandes plataformas comercializadoras «online» han recibido la sanción máxima que permite la ley actual: 30.000 euros cada una de ellas. Cantidades que, no obstante, pueden parecer irrisorias para estos gigantes, y que ahora el Consell quiere atajar como lo demuestra el que la futura Ley del Turismo va a aumentar el importe de la sanción máxima hasta los 600.000 euros.
En concreto, las plataformas HomeAway, Airbnb y Rentalia deberán abonar un total de 30.000 euros de multa cada una por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas. Colomer destacó ayer que «son plataformas con mucho tráfico y con un volumen económico muy alto, por eso se les ha sancionado con el máximo que, por ahora, nos permite la ley».
En 2016 se abrieron siete expedientes a las plataformas HomeAway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia y Ya encontre-Ya Hetrobat. En concreto, en junio de 2016, a tres de ellas, que se han resuelto con multas de 30.000, 6.000 y 20.000 euros. Posteriormente, en diciembre de 2016, se tramitaron los expedientes sancionadores a otras cuatro, de las que tres tendrán que pagar la sanción máxima. Solo una ha visto admitido su recurso.
El alquiler de apartamentos no registrados mueve al año unos mil millones de euros de dinero opaco a Hacienda y resulta una actividad directamente relacionada con la economía sumergida en la que, según estimaciones del sector turístico de la Costa Blanca, pueden estar inmersos unos 125.000 propietarios de viviendas que se ofrecen de alquiler en algún momento del año, sobre todo en verano, sin contrato y desde hace unos años cediéndolas a plataformas «online».
