El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha decidido dar carpetazo a la polémica originada con el decreto de plurilingüismo -aprobado por el Consell este año y paralizado cautelarmente por el TSJ-, al poner la derogación de su proyecto inicial de la enseñanza de lenguas sobre la mesa de los sindicatos de enseñanza el jueves día 2.

Marzà parte de que el Consell ya ha redactado un nuevo proyecto de ley para el plurilingüismo que se tramitará en las Cortes Valencianas antes de que empiece la matrícula escolar, y no va a esperar a la sentencia judicial.

El sindicato mayoritario, STEPV, ya ha adelantado su rechazo a esta derogación.

Lo considera una «decisión precipitada» y sostiene que «no es aceptable dar por perdida la batalla judicial», porque el TSJ «sólo ha anulado las certificaciones de lenguas».

Bien es verdad que a instancias del recurso de la Diputación Provincial de Alicante,se amplió a todo el decreto la suspensión cautelar.

El citado sindicato abunda que el fallo del TSJ está recurrido ante el Tribunal Supremo, por lo que «se deberían agotar los tiempos judiciales hasta que no se publique la ley, que igualmente derogará el decreto 9/2017».

Así las cosas, lo que pretende la derogación propuesta por la Conselleria de Educación es dejar sin sentido los numerosos recursos judiciales pendientes alrededor del decreto del Consell.

«Es la única explicación que tiene, el cierre de todos los recursos judiciales pendientes contra el decreto suspendido por el TSJ», corroboran los delegados sindicales.

El único decreto ley en vigor es el aprobado por Las Cortes para el plurilingüismo en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil para niños de 3 años y para los niños de 2 años.

Padres de alumnos

Desde la Asociación de padres Idiomas y Educación lamentan que "con fecha de 16 de octubre el TSJCV nos remitió una diligencia al Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular (formado por Concapa, Covapa e Idiomas y Educación), por la que otorgaba 20 días a la Conselleria de Educación para que remitiera alegaciones a la demanda interpuesta".

Y que "a muy pocos días de finalizar ese plazo de alegaciones, esta conselleria comunica que va publicar la derogación del decreto".

Estos representantes de padres querían que el TSJCV "se pronunciara sobre las prácticas de imposición, manipulación, chantaje, e incluso de discriminacion en los niños de esta comunidad autónoma".

Por eso consdieran "una vergüenza que la conselleria obligue a los padres a acudir al Alto Tribunal en un proceso en que han tenido que recurrir a un decreto ley para saltarse una suspensión, y a pocos días de hacer frente a la demanda anuncien la derogación del decreto".

"Lo peor -continúan en su comunicado estos representantes de familias por la libre elección de la lengua- es que lo hagan para elaborar una ley en la que se va a imponer el valenciano con las mismas prácticas de imposición y manipulación, para hacer perder a los padres el derecho a elegir lengua vehicular".