Empresas proveedoras del Ayuntamiento de Alicante han declarado a la juez que investiga un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio que se trataron de encargos independientes y para los que contactaron con diferentes personas de la corporación. Esta mañana han pasado por el juzgado representantes de cinco agencias publicitarias contratadas por el ayuntamiento en las 25 facturas por importe de 190.000 euros que ahora se investigan. Por esta causa están imputados el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores, Lalo Díez Y Pedro de Gea. Para el próximo 6 de noviembre están citados los representantes de otras ocho mercantiles.
Cuatro han sido los testigos que esta mañana han declarado ante la juez María Luisa Carrascosa, ya que uno de ellos es el representante legal de dos mercantiles. Según las fuentes consultadas por este diario, los servicios contratados fueron campañas publicitarias independientes que no tenían relación entre sí. Para la firma del contrato contactaron con personas diferentes en el Ayuntamiento, mientras unos afirmaban que su interlocutor fue Lalo Díez, otros hablaron con Pedro de Gea y otros trataron con técnicos municipales. Los testigos han coincidido en señalar que se trataron de encargos con finalidades distintas, una de ellas la gala del comercio de 2016.
Los hechos arrancaron el 4 de abril después de que el interventor del Ayuntamiento alertara de posibles irregularidades en el modo en que se habían tramitado las facturas de distintas campañas publicitarias del área de Comercio y que se habrían fraccionado como contratos menores por un montante total de 189.762 euros.
Las facturas habían sido agrupadas en tres bloques, como adjudicaciones menores y por importes inferiores a 18.000 euros. Ante los reparos de la intervención, el tripartito elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera un informe a fin de determinar si el Ayuntamiento había actuado correctamente.
El PP y Ciudadanos denunciaron en el juzgado que podrían tratarse de contratos troceados para burlar el límite de 18.000 euros, que obliga a sacarlos a concurso y no por adjudicación directa. Mientras que los tres investigados han defendido la legalidad de las facturas, el interventor y otro técnico municipal se reafirmaron en su dí
ante la juez en que se trató de un fraccionamiento de contratos.
Las dudas que pretende despejar la investigación es si había «unidad funcional» en los contratos investigados o se trataba de adjudicaciones que se podían contratar por separado y de manera independiente. Echávarri y sus asesores señalaron que aunque algunos de los contratos se referían a la Gala del Comercio, las facturas se correspondían a conceptos diferentes y, por lo tanto, podían hacerlo legalmente.
