Echávarri declara al fiscal que lo ilegal era no despedir a la cuñada de Barcala

Echávarri declaró ayer como investigado en la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación por haber despedido a la cuñada de Barcala, pocos días después de que el portavoz del PP le hubiera denunciado por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. Por las irregularidades detectadas en 25 facturas, el alcalde y dos de sus asesores se encuentran investigados (figura que sustituye a la del imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en unas diligencias que han recaído en la magistrada María Luisa Carrascosa, del juzgado de Instrucción nueve de Alicante.

La denuncia por el despido fue presentada el pasado mes de mayo por los dirigentes vecinales José Luis Valdés y José María Hernández Mata, donde se incidía en que a pesar de que hay más de medio centenar de trabajadores en el Ayuntamiento en la misma situación que Catalina Rodríguez, ella era la única que había sido despedida, por lo que la decisión podría tratarse de una represalia. La polémica generada tras el cese, con una petición del pleno para la readmisión de la trabajadora, hizo que finalmente el alcalde diera marcha atrás y la reincorporara en su puesto de trabajo.

Por el despacho del fiscal ya han pasado el edil de Personal, Carlos Giménez (PSOE), en calidad de investigado, así como los dos técnicos municipales que redactaron el decreto de cese. Ayer era el turno del alcalde, que estaba citado a las diez de la mañana. El primer edil entró a la Audiencia Provincial apenas cinco minutos antes de la hora, acompañado por su abogado, el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, su escolta y su jefa de prensa. Echávarri estuvo declarando por espacio de más de una hora en el despacho del teniente fiscal, con una pequeña pausa de quince minutos porque a los diez minutos de empezar el interrogatorio hubo un fallo informático que obligó a suspenderlo.

Echávarri aseguró que regularizar la situación de los interinos en el Ayuntamiento era uno de los objetivos que se había marcado antes de llegar a la Alcaldía y que su compromiso era el acabar con estas irregularidades. Según explicó, el cese se produjo cuando ya había pasado un año y medio desde su llegada al cargo y creía que era el momento de abordar la situación de los interinos en el Ayuntamiento, ya que estaba recibiendo numerosas presiones sindicales para que actuara.

El hecho de que la persona cesada se tratara de Catalina Rodríguez fue para el alcalde algo casual y no tuvo nada que ver con su parentesco familiar con el portavoz del principal grupo de la oposición en la Corporación, según declaró. Echávarri explicó que era de una de los trabajadores de quien más información tenía y que su situación en el Ayuntamiento era un fraude de ley.

Catalina Rodríguez entró a trabajar como interina en el Ayuntamiento con motivo de la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y del Centro Cultural de Las Cigarreras. En el momento del despido había sido trasladada y se encontraba trabajando en el Museo de la Lonja. Según el alcalde, esta situación era un fraude, ya que se encontraba desempeñando un trabajo distinto para el que fue contratada. Echávarri señaló ayer que se sintió presionado por los sindicatos, que podían haberle denunciado en cualquier momento.

Interrogatorio sin tensión

En un interrogatorio que discurrió sin momentos de tensión, la cuestión de los comentarios que hizo el alcalde en las redes sociales sobre el polémico despido no apareció en ningún momento. El propio Echávarri señaló a los periodistas a la salida de la Audiencia cuando éstos le preguntaron sobre esa cuestión que eso no formaba parte del procedimiento. Mientras, según fuentes de la Fiscalía se admitió que esto no formó parte del interrogatorio que estuvo más centrado en aclarar las razones por las que se adoptó la decisión. «Errar es de humanos, y eso he hecho yo, equivocarme. Equivocarme en el momento de materializar una decisión que hacía tiempo estaba tomada y que por unas cuestiones u otras no acababa de ejecutarse», aseguró el alcalde en su muro de Facebook el pasado 24 de abril. Echávarri afirmó que su error radicó en el «momento de materializar la decisión», pero matizó que ésta «hacía tiempo que estaba tomada».

La investigación de la Fiscalía se encuentra en estos momentos en su recta final. La próxima semana termina el plazo para decidir si se archiva la denuncia o se envía al juzgado, en el caso de que vea indicios de delito. Por lo pronto, el Ministerio Público decidió ayer a última hora realizar una nueva citación a una testigo. Una asesora jurídica de la Corporación ha sido llamada en las dependencias del Ministerio Público, antes de tomar una decisión sobre el futuro de las diligencias que se adoptará en los próximos días. En caso de que la denuncia se remita al juzgado y allí se opte por citarle como investigado, Echávarri sumaría ya su segunda imputación judicial y su futuro como alcalde habría llegado a su final tras el acuerdo entre PSOE y Compromís que se firmará hoy en Alicante, donde se recogerá que Echávarri deberá dimitir si se «agrava» su situación judicial, ya sea con la apertura de juicio oral en la investigación relativa al presunto fraccionamiento de contratos o con una posible imputación judicial si finalmente la Fiscalía remite el caso al juzgado.

A su salida ayer de la Audiencia Provincial, Echávarri, que aseguró estar «tranquilo», admitió que declarar ante la Fiscalía en calidad de investigado «no es agradable». El regidor, en cambio, no quiso entrar al detalle respecto a su declaración ante el teniente fiscal. «Tengo claro el relato. No contemplo ni no contemplo [la decisión del fiscal]. Hay una denuncia ante el Ministerio Público, el fiscal ha instruido un expediente y no sé si llamará a más gente». Eso sí, Echávarri insistió en que «Fiscalía se mueve por el principio acusatorio». Ahora falta saber cuál será la decisión definitiva del fiscal.