Compromís levanta el pie y Echávarri toma oxígeno. Ésta es la principal conclusión del principio de acuerdo que ayer alcanzaron los dos socios del gobierno de la Generalitat y miembros del tripartito de Alicante tras dos días de negociaciones para «refundar» el pacto de gobierno municipal.

Y es que la formación que lidera a nivel local Natxo Bellido, tras reclamar la dimisión de Echávarri como condición «absolutamente imprescindible» para no romper el pacto de gobierno, aceptó ayer dar un plazo de dos meses al alcalde para que se archiven los dos procesos judiciales abiertos, en alusión al presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio y al despido de la cuñada del portavoz municipal del Partido Popular, Luis Barcala.

Sin embargo, si durante este periodo alguna de las dos investigaciones se «agrava», el acuerdo reflejará que Echávarri dimitirá y se llevará a cabo una nueva investidura. Esas novedades en sede judicial pueden ir en dos sentidos: que la juez que investiga el presunto fraccionamiento decida abrir juicio oral contra el alcalde (en el caso también se investiga al jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y al asesor Pedro de Gea) o que un juez impute a Echávarri por el despido de la funcionaria. Esta situación puede depender de la declaración prevista para hoy del regidor socialista ante Fiscalía.

Por su parte, si a finales de este año no se producen novedades a nivel judicial, ni en un sentido ni en el otro, la coalición de izquierdas anunció también que dejará el equipo de gobierno. En este sentido, desde los socialistas se espera que, si se llega a este escenario, puedan volver a sentarse y renegociar nuevas condiciones.

Con todo, PSOE y Compromís tienen la intención de proponer al tercer socio, Guanyar Alacant, que se integre en el acuerdo de «refundación» del pacto de gobierno, aunque bajo las condiciones suscritas a dos bandas y sin excesivas esperanzas de reeditar el actual tripartito de Alicante.

En ese documento no sólo se habla de los procesos judiciales que atañen al alcalde, sino que también se centran en las continuas desavenencias surgidas en el seno del gobierno, especialmente entre Echávarri y el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón. Con el fin de evitarlas, el nuevo pacto incluye mecanismos de autocontrol (más reuniones) y otros de supervisión externa, como una comisión en la que también estarán representadas las direcciones nacionales del PSOE y Compromís.