Fuera de plazo. El informe elaborado por el Ayuntamiento de Alicante donde se concluye que el empresario Enrique Ortiz habría ganado 42 millones con el PGOU presuntamente amañado en el supuesto de que se hubiese acabado aprobando, no se incorporará al proceso penal que investiga estas presuntas irregularidades por extemporáneo. Así lo ha acordado el magistrado Manrique Tejada, instructor de la causa, en un auto notificado ayer y en el que, sin entrar en el contenido del escrito, resuelve inadmitirlo por haberse presentado en un momento del procedimiento (que arrancó hace más de siete años y cuya instrucción se dio por concluida en enero) en el que no cabe la incorporación de nuevos documentos o la práctica de diligencias.
El magistrado asume así la tesis defendida en solitario por el letrado Francisco Ruiz Marco, defensa del promotor, quien en un escrito que llegó al juzgado apenas dos días después de que lo hiciera el informe municipal, lo que ocurrió a principios del pasado septiembre, ya solicitó su inadmisión basándose precisamente en su extemporaneidad.
Sentencias de la Audiencia
El instructor recuerda que el auto de transformación (lo que vendría a ser el procesamiento) se dictó el 9 de enero y que, en consecuencia, acuerda devolver el documento al Ayuntamiento «por no ser la fase intermedia el momento procesal adecuado para la práctica de diligencias o para la incorporación de documentos, actuaciones ambas que quedan diferidas excepcionalmente al momento de formular escrito de acusación». Será entonces cuando el Consistorio, personado en este proceso como acusación particular, pueda volver a plantear que se adjunte a la causa.
En esta ocasión, los acusados que se han pronunciado (la exalcaldesa Sonia Castedo no lo ha hecho) se han manifestado en contra de que se incorpore el documento mientras que tanto el fiscal Felipe Briones como la representación de Esquerra Unida, también acusación particular, se han posicionado a favor de que formara parte del procedimiento.
Para argumentar su postura, el magistrado Tejada cita varias sentencias relacionadas precisamente con este mismo proceso y dictadas por la Audiencia Provincial, órgano al que las partes pueden recurrir la decisión del instructor.
«Falsedades»
El informe, por el que el magistrado llevaba clamado desde los inicios del proceso según ha manifestado en más de una ocasión, fue realizado por un funcionario municipal con el fin de determinar qué beneficios habría obtenido Ortiz en el supuesto de que se hubiera desarrollado un planeamiento que, según sostienen las acusaciones, le hicieron a medida los dos últimos alcaldes del PP de la ciudad, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, a cambio de prebendas por parte del constructor.
Para ello, supuestamente se partía del valor de los terrenos propiedad del promotor y se hacía un cálculo del que habrían adquirido con el nuevo PGOU. Así se concluyó que es en Fontcalent donde Ortiz habría logrado el mayor pelotazo al revalorizarse las fincas que el documento le atribuye en esta partida en casi 23 millones. Unas ganancias a las que habría que sumar los más de 14 millones y medio contabilizados en el suelo de La Condomina, los algo más de cuatro en las Lomas del Garbinet y el poco más de medio millón en el Saladar, según los datos que bajara el informe.
Unas afirmaciones que el abogado de Ortiz rebatió en un escrito presentado a finales del septiembre y en el que, entre otras aseveraciones respaldadas por abundante documentación, aseguraba que no es del promotor ninguna de las tres fincas que el informe municipal le atribuye en la zona de Fontcalent.
Ruiz Marco sostenía que el documento del Ayuntamiento está plagado de «datos inexactos o falsos» y deslizaba que no descartaba exigir «responsabilidades» por su confección. Porque erraba también , según el escrito del abogado de Ortiz, en la propiedad y calificación urbanística de los terrenos del Saladar.
Y, en cuanto a otra parcela ubicada en las Lomas del Garbinet, se afirmaba desde la concejalía de Urbanismo que no es urbanizable cuando lo era desde marzo de 1993 por una sentencia del Tribunal Superior cuyo desconocimiento por parte del redactor del informe no se explica. En otro de los casos, en la Condomina, el informe se queda a todas luces corto en cuanto al valor del suelo propiedad de Enrique Ortiz.
