Por primera vez se plantea en España la aprobación de una ley sobre los derechos lingüísticos, de forma homologable a los de las legislaciones de los países con varias lenguas oficiales.
La asociación «Hablamos español» ha recibido el visto bueno del Congreso de los Diputados y del Senado para poner en marcha la recogida de las 500.000 firmas necesarias que permitan que la ley sea debatida como una iniciativa legislativa popular por la libertad de elección de lengua en España.
Si sale adelante «se garantizará que ningún hispanohablante vea restringida la libre circulación por el territorio por razón de la lengua, porque podrá escolarizar a sus hijos en español y no tendrá limitado su acceso a un puesto de trabajo, ni tendrá que soportar trabas lingüísticas de las que afectan en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales», como destacan los dirigentes de la asociación en un comunicado.
En «Hablamos Español» están «entidades pro libertad de elección de lengua» de las autonomías bilingües, entre las que figuran la Plataforma «No al decretazo», la Asociación por la Defensa del Castellano, e Idiomas y Educación, todas ellas activas contra el plurilingüismo de Marzà.
Orígenes
Así nacía esta asociación el mes de julio pasado. "Cada vez son más las comunidades autónomas donde no se puede estudiar en español, y nuestra lengua desaparece de los edificios autonómicos y locales, de la sanidad, de las campañas institucionales, de los documentos, impresos, boletines, y también de la cultura", denunciaba la entidad en su web.
Por eso proponen "una Ley de Libertad de Elección Lingüística de ámbito nacional, y por eso la hemos elaborado y la llevaremos al Parlamento español en forma de Iniciativa Legislativa Popular".
Para ello deben entregar 500.000 firmas acreditadas ante el Parlamento. "Una vez hayamos presentado el texto de la ley, tendremos 9 meses para reunirlas", señalan.
Los representantes en la Comunidad son Marisol Legaz, coordinadora de la plataforma No al decretazo, sí a la elección; y Alberto Martínez por la Asociación de padres Idiomas y Educación, de la provincia de Alicante.
Sostienen que existe una situación de "anormalidad democrática" en materia lingüística en varias autonomías, entre las que sitúan la Comunidad Valenciana, que con su actividad queiren revertir desde el propio Congreso.
