Otro contrato que, salvo giro inesperado de última hora, seguirá externalizado en el Ayuntamiento de Alicante. En este caso, se trata del programa de intermediación social inmobiliaria, ligado al Patronato de la Vivienda, que concluye a finales de este año.
La Comisión Ejecutiva del organismo autónomo, dirigido por la concejala Julia Angulo (Guanyar), dio ayer luz verde a la propuesta del gerente para convocar un nuevo concurso para que el servicio continúe externalizado, pese a que la formación que lidera Miguel Ángel Pavón suele insistir ante sus socios en que el pacto que aupó al tripartito al gobierno municipal de la ciudad de Alicante recoge la «incorporación del rescate progresivo de contratas».
En esta ocasión, según confirmaron fuentes municipales, el contrato seguirá en manos externas por una cuestión económica, ya que su municipalización le resultaría más cara a las arcas municipales. Así lo recoge el informe del gerente del Patronato de la Vivienda, Gaspar Mayor: «Se puede garantizar que el servicio que se presta de manera externa es menos costoso que el municipalizado, si tenemos en cuenta una valoración completa de todos los servicios que se prestan». El personal responsable del programa lleva «más de doce años» prestando su servicio al Ayuntamiento.
La Comisión Ejecutiva del Patronato Municipal de la Vivienda aprobó ayer la propuesta, que ahora debe contar con el visto bueno definitivo de la Junta General del organismo autónomo.
El servicio, cuyo contrato actual vence a finales de este año, tiene un coste anual de 198.000 euros, mientras que la simple contratación del personal necesario costaría 188.000 euros, aunque en ese precio no se incluiría el asesoramiento jurídico permanente y la formación continua del personal, el software y el control del funcionamiento del servicio, «que habría que externalizarlo por la falta de especialización en los servicios municipales» e igualmente la externalización «garantiza las bajas por enfermedad que se prolonguen en el tiempo», según explica el gerente en un informe donde admite que la «posibilidad planteada por la Presidencia [Julia Angulo] y desde el sindicato Comisiones Obreras [el único con representación sindical en el organismo autónomo] de asunción del servicio directamente por el Patronato no es fácil por las limitaciones legales que marca la normativa actualmente en vigor». El texto añade que la licitación del servicio, contradiciendo la doctrina de Guanyar de municipalizar servicios, deja abierto el «compromiso» de continuar con el «análisis de la viabilidad de un proceso de prestación del servicio con medios propios», es decir, de su rescate a través de la absorción.
El escrito de Gaspar Mayor, elevado ayer a la Comisión Ejecutiva, explica que el servicio que volverá a salir a concurso público se complementará con un programa específico de apoyo a la integración a través de la vivienda para familias y personas con dificultades de acceso a pisos de alquiler.
El nuevo plan, con un coste añadido de unos 50.000 euros anuales, comportará el servicio de un trabajador social a media jornada para el seguimiento personalizado de las familias usuarias del cupo de veinte viviendas que se integrarán en el programa y el establecimiento de un fondo de garantía del pago de alquiler para asegurar el arrendamiento a quienes no pueden aportar ninguna seguridad económica al propietario por tener ingresos irregulares.
