Un informe de la patronal de Obra Pública, (FOPA), alerta de que la provincia de Alicante, lejos de notar el inicio de la recuperación económica, sigue castigada por la Administración a la hora de la inversión en infraestructuras con un descenso del 90% en los últimos diez años. En concreto, entre 2008 y 2017, la provincia ha pasado a recibir una inyección de 1.108 millones de euros (2008) en obras del Gobierno, Consell, Diputación y ayuntamientos, a los 136 millones de euros de este año, según el estudio hecho público ayer por Javier Verdú, presidente de FOPA, que alerta de que desde que terminaron las obras del AVE, entre Alicante y Madrid, todo está parado, lo que obliga a licitaciones a la baja y amenaza la supervivencia de las empresas.

La inversión del Ministerio de Fomento ha tocado fondo desde 2008 cuando licitó proyectos por valor de 676 millones de euros, último gran año, para pasar a los 26 millones de este año. Verdú destaca que proyectos urgentes y repetidamente anunciados como los accesos viarios al aeropuerto de Alicante-Elche, el tercer carril de la autovía A-7 entre Crevillent y Benferri o la conexión del Puerto con el Corredor Mediterráneo siguen parados. «Tampoco podemos dejar de denunciar la falta de apoyo de la Conselleria de Vertebración del Territorio, que ha pasado de invertir casi cien millones de euros al año en 2008 a 38,6 millones en 2014 y sólo 7,8 millones en 2017».

Recordar, en este sentido, que está pendiente, por ejemplo, la licitación del final de las obra del túnel del TRAM de la Serra Grossa, prevista, en principio, para finales de este año. En total, en todos los conceptos la inversión en obra pública en la provincia alcanza los 136,3 millones de euros este año, diez más que en 2016 pero treinta menos que en 2015 y 188 millones menos que en 2015. La inversión anual ha caído en picado desde 2010, año en el que todavía llegaron 666 millones.

FOPA representa al 90% de las empresas de obra pública de la provincia, que son generadoras de muchos puestos de trabajo en la provincia, por lo que «tenemos legitimidad para instar a las administraciones la urgente necesidad de inversión en la provincia, y por ende, en la Comunidad Valenciana». La provincia necesita urgentemente esa inversión tras una década de recortes. La Comunidad Valenciana encabeza los índices de caída de obra pública de más de un 90% en diez años.