En plena investigación judicial por el presunto fraccionamiento de contratos, el hasta ahora asesor de Comercio, Pedro de Gea, se ha visto forzado a dejar su despacho en la concejalía para instalarse en las dependencias de Alcaldía. En concreto, De Gea está ubicado en la tercera planta del edificio nuevo del Ayuntamiento, junto a otras personas vinculadas al equipo directo del alcalde Echávarri, quien ha decidido separar al asesor, también investigado por el presunto fraccionamiento de contratos, y a la concejala de Comercio, Gloria Vara. Ambos mantenían una difícil relación desde que en mayo la socialista se puso al frente de la Concejalía de Comercio, tal y como admitían a sus círculos más próximos. En esa fecha, Echávarri renunció a una de las áreas que no había delegado, y lo hizo tras estallar la polémica por el supuesto troceo de facturas, por un valor total de 190.000 euros, que ahora investiga una juez.

La salida del asesor se convierte en el tercer cambio en la concejalía en los últimos meses, tras la llegada de Vara al renunciar a las competencias Echávarri, quien también decidió apartar a otras áreas al técnico que alertó del posible fraccionamiento en un informe remitido al interventor. Desde hace unos días, De Gea forma parte del equipo dependiente de Alcaldía, bajo el mandato de ejercer de enlace con comerciales y vecinos en las visitas que el alcalde realice a los barrios. Para el PP, «resulta muy sintomático que el cambio se produzca ahora, cuando la justicia está investigando el presunto fraccionamiento de las facturas de Comercio», por lo que reclamó ayer a Gloria Vara que «explique los motivos del traslado».

Con este nuevo movimiento de Echávarri, ejecutado en plena investigación judicial por el presunto fraccionamiento de contratos, el asesor De Gea se ve relegado definitivamente de la función para la que fue elegido por el alcalde al inicio del mandato, es decir, llevar la gestión diaria de la concejalía, y de la que fue desplazado poco a poco con la llegada de Vara, con quien mantuvo desde el inicio una tensa relación.

Fuentes del entorno de Echávarri confirmaron ayer el cambio de despacho del asesor De Gea, aunque insistieron en que sus funciones serán «similares» a las que desempeñaba últimamente en Comercio. El cambio, añadieron, se incluye dentro del plan para que el alcalde «esté más en la calle y menos en el despacho».

Echávarri, De Gea y el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, son los tres investigados por el supuesto fraccionamiento de contratos. Los tres fueron el pasado 6 de octubre a declarar ante la juez. Por ese caso, siete técnicos municipales están citados por la juez, en calidad de testigos, el próximo lunes en los juzgados de Benalúa.

A dos bandas

Ese mismo día, y también por la mañana (12.30 horas), se iniciarán las negociaciones a dos bandas, tras el acuerdo de ayer entre PSPV y Compromís, para «refundar» el pacto de gobierno tras la crisis surgida en el tripartito por la investigación abierta en un juzgado contra el alcalde Echávarri.

Al primer encuentro, que está previsto que se celebre en las instalaciones de la Universidad de Alicante, acudirán cuatro representantes de cada formación política (dos a nivel local y dos dirigentes autonómicos), según confirmaron ayer fuentes próximas a la negociación. Entre ellos no se espera la presencia de Echávarri, cuya situación judicial y su continuidad al frente del Ayuntamiento será el principal escollo a salvar entre los dos socios del Gobierno surgido del Pacto del Botánico, ya que en la reciente asamblea local de Compromís se acordó que la dimisión de Echávarri era «condición absolutamente imprescindible para continuar participando y trabajando de un gobierno progresista y de cambio en Alicante».

La reunión, promovida por los socialistas valencianos, busca «resetear» el gobierno local a partir del «respeto y la confianza» y con unos objetivos «concretos» para llevar a cabo en el tiempo que resta del actual mandato. Para el PSPV, sin embargo, la salida de Echávarri no está sobre la mesa, al considerar que los hechos por los que se le investiga «no son corrupción» y porque si deja la vara de mando es probable que el próximo alcalde sea Luis Barcala (PP) ya que el tripartito ahora está en minoría en el pleno municipal.

Las reuniones a dos bandas entre PSOE y Compromís no han sentado nada bien en Guanyar. «No es de recibo que se nos excluya de las negociaciones», señaló ayer Pavón al término del pleno, cuando volvió a comparar a Echávarri y Castedo: «El PSOE casi no hizo nada en la lucha contra la indignidad de que Castedo estuviera en la Alcaldía. Al final, dimitió. Echávarri no sé cuánto tardará, pero finalmente dimitirá». Antes de estas palabras, el entorno de EU hizo contactos a nivel autonómico para que se les incluyera, por ahora sin éxito, en las negociaciones que arrancan el lunes.

Apoyo frente al oficio

Por otro lado, el grupo municipal de Guanyar mostró ayer su «más absoluto respaldo» a la concejala de Acción Social y Vivienda, Julia Angulo, ante lo que consideran «una continuada campaña de acoso y desprestigio, emprendida en mayo de 2015, a raíz de la denuncia interesada de un ciudadano ecuatoriano con vínculos con el grupo municipal socialista». Guanyar niega que «en estos momentos haya proceso abierto por parte del juez» contra la edil.

Ésta fue la respuesta de la formación que lidera Pavón a un documento publicado en la página web del Consejo de la Judicatura de Ecuador (país natal de la edil), donde se detalla que un juez recibió un oficio de un fiscal sobre Angulo y otras tres personas «dentro de la investigación previa por presunto peculado», un delito vinculado a la apropiación de fondos públicos. Guanyar llegó ayer a apuntar a los socialistas como el interesado de la filtración a los medios del documento judicial.