La sentencia contra los exdirectivos de la CAM supone la sexta condena que se registra en los tribunales españoles por los desmanes cometidos en las cajas de ahorros, una entidades que antes de la crisis suponían casi la mitad del sector financiero nacional y que hoy en día prácticamente han desaparecido o se han transformado en bancos debido a los estragos de la recesión y a la mala gestión de los que eran sus máximos responsables. Hasta la fecha ya son 83 los exconsejeros y altos ejecutivos condenados, con penas que van desde los tres meses hasta los seis años, pero los procesos en instrucción o pendientes de juicio suman más de 150 imputaciones adicionales, lo que muy probablemente elevará esta cifra.
De todos ellos, los primeros en entrar en la cárcel para cumplir su castigo fueron el expresidente y cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia, condenados por las millonarias indemnizaciones que se embolsaron indebidamente al abandonar la entidad. Aunque la pena fue de tan sólo dos años, la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión ante la gravedad de los hechos, la nula voluntad demostrada por los condenados por devolver el dinero y, sobre todo, ante las críticas del Supremo que consideró las penas muy exiguas cuando ratificó la sentencia.
No obstante, los primeros en sentarse en el banquillo fueron, en realidad, el exdirector general de Caixa Penedés, Ricard Pagés, y tres de sus ejecutivos, que en mayo de 2014 fueron también condenados a dos años y un año, respectivamente, también por atribuirse unas jubilaciones desorbitadas. En su caso, no entraron en prisión al haber reconocido los hechos y haber devuelto los 28 millones que cobraron. En febrero de 2016 fue el turno del expresidente de Caja Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y exdirector general de la misma Ildefonso Ortega, a los que la Audiencia Nacional halló culpables de un delito de falsedad contable por declarar beneficios de 29 millones de euros cuando la caja ya estaba en pérdidas. Están pendientes de la resolución del recurso que presentaron.
Las tarjetas «black»
Un año después, en febrero de 2017, se conoció la sentencia por el caso de las tarjetas «black» de Caja Madrid y Bankia, que supuso la condena de 65 exdirectivos y exconsejeros de estas entidades. Entre ellos, el expresidente de la caja madrileña Miguel Blesa, que este verano se quitaba la vida y que había recibido la mayor pena: seis años de prisión. El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, fue sancionado con 4,5 años. El resto de las penas oscilan entre los cuatro años y los tres meses. También siguen libres, por el momento, a la espera de lo que diga el Supremo. Por último, en marzo de este año la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a cuatro años de prisión al exdirector general de la antigua Caja Inmaculada; a un exconsejero y al empresario que gestionaba varias participadas inmobiliarias de la entidad por apropiación indebida.
A pesar de estas condenas, lo cierto es que el grueso de los procesos abiertos por los abusos cometidos en las cajas siguen en instrucción o pendientes de fecha para la celebración de juicio. Éste último es el caso de los 34 exdirectivos y exconsejeros de Bankia a los que el juez Fernando Andreu ha decidido procesar por la salida a Bolsa de la entidad con unas cuentas que no reflejaban el estado de ruina en el que se encontraba. Entre los imputados se encuentran el ya citado Rato, el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, o el alcoyano y exdirector general de la entidad, Francisco Verdú.
También se ha decretado ya la apertura de juicio oral por los sobresueldos que Caja Madrid pagó a sus directivos, e, igualmente, está a la espera de fecha para el inicio de las vistas el juicio contra 41 exdirectivos de Caixa Catalunya por el mismo motivo, los sueldos e indemnizaciones de sus máximos responsables, entre los que destaca el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra.
Bancaja y Banco de Valencia
Por su parte, siguen en fase de instrucción las distintas piezas abiertas por las supuestas irregularidades cometidas en el seno de Bancaja y de su filial el Banco de Valencia. Por ejemplo, la que investiga los negocios que la caja valenciana hizo en el Caribe mexicano con los hoteleros Juan Ferri y José Baldó, la operación Grand Coral. En el caso del Banco de Valencia -que llegó a acumular 13 querellas, aunque algunas se han archivado- la más avanzada es la que trata de determinar si se falsearon las cuentas. También se investigan los negocios de la entidad con el ilicitano Ramón Salvador. Del mismo modo, también siguen recabando pruebas el instructor del caso por la salida a Bolsa de Banca Cívica; el que analiza los supuestos préstamos irregulares concedidos a promotores por Caja España; o el que investiga las jubilaciones de Caja Segovia.
A todo ello hay que sumar las cuatro piezas que aún tiene pendientes la CAM por los negocios que hizo en el Caribe con los citados Ferri y Baldó, con Hansa o por las dietas que cobró el expresidente Modesto Crespo.
