María Dolores Amorós podría haber pasado a la historia por ser la primera mujer que dirigió la CAM en sus más 135 años de historia pero lo cierto es que se la recordará por haber sido la última directora general que tuvo la entidad antes de su desaparición, la que manipuló las cuentas para declarar beneficios millonarios cuando la caja ya estaba en quiebra, la que intentó cobrar una pensión vitalicia de más de 30.000 euros mensuales. Un trago amargo, sin duda, para una persona que siempre demostró una gran ambición y una inteligencia fuera de lo común para los números que, sin embargo, no le sirvió para evitar el desastre al que se vio abocada la entidad alicantina.
La que llegó a ser la primera ejecutiva de la CAM cuando su mentor, Roberto López Abad, dejó el cargo para desempeñar nuevas tareas en el banco que se había creado junto Cajastur entró en la caja con tan sólo 20 años, tras aprobar una selección para el puesto de administrativa en una oficina de San Vicente. Entonces sólo contaba con un título de Bachiller, una falta de cualificación que se encargó de remediar a lo largo de su carrera con la obtención de una diplomatura en Empresariales, una licenciatura en Ciencias Económicas y un máster en Alta Dirección.
López Abad y el entonces director general de la caja, Juan Antonio Gisbert, pronto se fijaron en las habilidades de la joven para los números y sólo seis años después de su llegada a la caja ya ocupaba cargos directivos. Cuando el primero ascendió a lo más alto, en el año 2001, la nombró directora general adjunta, cargo en el que permaneció durante casi una década.
Su forma de ser le granjeó no pocos enemigos entre sus compañeros del comité de dirección de la CAM, a los que nunca les gustó su indisimulada ambición. También despertaba el temor entre sus subalternos. Con una voz que muchas veces parecía de niña pequeña, no dudaba en amenazar con cortar cabezas si algo no se hacía como ella quería. La cosa cambiaba con los consejeros de la entidad, con los que se deshacía en halagos.
Los últimos meses
Su mala suerte fue llegar a lo más alto de la CAM en el peor momento, cuando la caja tenía que cerrar las cuentas de 2010, el último ejercicio antes de que los gestores de Banco Base tomaran las riendas del negocio. Había que cuadrar los números como fuera y fue cuando llegaron las famosas titulizaciones: la venta de créditos fallidos que permitieron a la entidad recuperar provisiones y engordar sus beneficios. El problema es que para conseguir colocar ese paquete de préstamos se incluyó una opción de recompra, lo que, según la normativa, habría impedido recuperar esas provisiones.
También fueron los meses que aprovecharon los directivos para asegurarse el cobro de los bonos a largo plazo o para rebajar la cifra de sus pensiones vitalicias, en un intento desesperado de que su cuantía no llamara la atención de sus nuevos socios, aunque la justicia no ha visto nada ilegal en esto. La ruptura de la alianza con Cajastur precipitó las cosas y Amorós cada vez estaba más sola. Se produjo una desbandada de ejecutivos -todo el que pudo, se acogió a la prejubilación- y la directora general se vio arrastrándose por los pasillos del Banco de España de la mano de Modesto Crespo que, como quedó patente en el juicio o en su comparecencia en las Cortes Valencianas, nunca fue una gran ayuda. La desesperación hizo mella en Amorós, que llegó a perder los nervios y a llorar en más de una ocasión, según quienes vivieron aquellos momentos junto a ella.
Tras la intervención de la CAM, los administradores del FROB pusieron desde un primer momento un cordón sanitario entorno a ella, al tiempo que le facilitaron la soga para que se ahorcara. Esperaron a que les presentara un esbozo con las cuentas del primer semestre del año para acusarla de manipular los números y despedirla sin indemnización.
El juicio por su despido fue otro de sus momentos más bajos, con una Amorós que acabó refugiándose en el portal de un edificio al finalizar la vista oral, aterrorizada ante la persecución de los medios y de varios afectados por las cuotas participativas. La sentencia, ratificada por el Supremo, dio por buenos los argumentos del FROB, que le acusaban de falsear los balances y de maniobrar en beneficio propio.
Un error
Al contrario que López Abad, más cauto en sus intervenciones públicas, María Dolores Amorós siempre ha defendido su inocencia ante quien quisiera escucharla. Así, fue la única acusada que quiso tomar la palabra en la última sesión del juicio, cuando reconoció que podía haber cometido algún «error» pero defendió a capa y espada que jamás delinquió ni tuvo mala intención. El tribunal que la ha juzgado no opina lo mismo.
