El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, subrayó ayer en Alicante, durante la presentación de la futura Ley de Turismo, Hospitalidad y Ocio, que eventos como la salida de la Volvo Ocean Race son perfectos para reforzar la posición de la Costa Blanca como un referente del turismo náutico, deportivo y activo.
Según Colomer, «un modelo de base territorial e inteligente debe interpretar adecuadamente sus fortalezas y acentuar sus valores diferentes. Alicante puede y debe hacer honor a su condición de ciudad portuaria, abierta, mediterránea, cosmopolita y hospitalaria y la Volvo y la especialización náutica respaldan estos valores». El responsable de la política turística de la Generalitat habló de la ley en el marco de los actos programados con motivo de la salida de la Volvo.
Colomer volvió a insistir, además, en que su posición sigue siendo firme y clara sobre la implantación de nuevos impuestos al turismo, tal como sostienen en el propio Consell del que forma parte. «El sector turístico no necesita una tasa que grave el alojamiento y lo defenderé en cuantos debates se produzcan y, por supuesto, en el Parlamento».
La futura Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunidad aumentará las sanciones hasta los 600.000 euros para las infracciones muy graves, frente a los 30.000 euros actuales, en todo lo relacionado con el alojamiento turístico sumergido y creará un comité estratégico paritario entre sector privado y público para dirigir Turisme Comunitat Valenciana, ente que sustituirá a la actual Agencia Valenciana de Turismo.
El comité estará formado por hasta 20 miembros en los que tendrán cabida todos los agentes del sector. Por otro lado, la futura legislación considera turísticos a todos los municipios de la Comunidad, creándose la figura del estatuto turístico. Otra de las novedades será que los restaurantes que ofrezcan comida autóctona serán consideradas empresas turísticas.
La ley se sustenta, según Colomer, en los principios de estabilidad en el paisaje, hospitalidad y cultura de acogimiento, ética y responsabilidad social, vertebración del territorio, competitividad, calidad y diversificación, capital humano y conocimiento, transparencia participación y corresponsabilidad. «No quiere decir que estuviera mal la de 1998 pero creíamos que era necesario actualizarla dado que todo cambia y en la era 4.0 no podíamos quedarnos atrás», subrayó Francesc Colomer.
De este modo, la Generalitat quiere habilitar los instrumentos para atender a las nuevas necesidades de productos turísticos que van surgiendo y conseguir pasar este año de los siete millones de turistas españoles a 8,5 millones.
El aumento de las sanciones pretende una armonización normativa de las multas con otras comunidades como País Vasco y Cataluña y los 600.000 euros se pondrán para aquellas infracciones muy graves con agravantes como ser reincidente, el volumen económico de lo defrauda.
Aunque en los últimos meses se han dado pasos adelante con el afloramiento de miles de plazas de alojamiento alegal tras negociar con algunas de la grandes plataformas que mueven apartamentos turísticos en internet, el alojamiento sumergido sigue siendo una lacra en la Costa Blanca, donde 300.000 plazas escapan al control de la Administración.
El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, matizó ayer, no obstante, que le ley no es solo poner multas y sanciones desde una mirada excesivamente burocrática, sino que quiere levantar un relato distinto.
Colomer recalcó que el texto «no es el trabajo de un partido ni de dos, ni siquiera del Gobierno, sino un trabajo de la sociedad para dar respuesta a un proceso del cambio que se ajuste a los cambios tanto de la oferta como de la demanda».
