El magistrado que iba a juzgar al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi por tres presuntos delitos de fraude fiscal planteó ayer que sea el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) quien celebre la vista oral debido a la condición de aforado que tenía el acusado cuando se decretó la apertura del juicio. La decisión se produce más de dos años después de haber pedido a las partes que se pronunciaran sobre este extremo y tras haber tenido todo este tiempo la causa paralizada. El TSJ puede ahora aceptar o no la competencia para asumirla, por lo que aún podrían pasar meses hasta que se resuelva esta cuestión.
La investigación se abrió en abril de 2013 por el TSJ debido al aforamiento de Luis Díaz Alperi por su condición de diputado autonómico. La Fiscalía reclama penas que suman más de nueve años de cárcel para el exalcalde de Alicante por tres delitos fiscales, correspondientes a los años 2007, 2008 y 2010 durante los cuales habría dejado de pagar a Hacienda 682.651 euros en concepto de cuotas del IRPF por un patrimonio de origen desconocido. También se le acusa de un delito de cohecho impropio por el tiempo en que tuvo su catamarán amarrado en el Puerto Deportivo de Alicante sin pagar el atraque La dimisión de Alperi de las Cortes motivó que el TSJ enviara a Alicante la causa para que se cerrara la instrucción y la remitiera a un juzgado de lo Penal donde celebrar el juicio al exalcalde y a otros tres acusados.
El juzgado de lo Penal número seis de Alicante recibió el proceso a finales de 2014 y el magistrado Eugenio Alarcón planteó entonces, en febrero de 2015, a las partes que se pronunciarian sobre si los hechos debían enjuiciarse en ese órgano o, por el contrario, era competencia del TSJ. Tanto la Fiscalía como las defensas se mostraron favorables a que la causa se mantuviera en Alicante, mientras que la Abogacía del Estado era partidaria a devolverla al tribunal autonómico. Desde el Ministerio Público se llegó a elevar una consulta a la Fiscalía General del Estado para consensuar la postura. El magistrado recibió los informes y no tomó decisión alguna. Hasta ahora. Dos años y nueve meses después.
Ahora, sin haber admitido aún la causa a trámite, el magistrado ha elevado una exposición razonada al TSJ para que la asuma. El juez se basa en el acuerdo plenario de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de diciembre de 2014 por el que los contratos de los pabellones de Fitur adjudicados por la Generalitat con la trama Gürtel se acabaron juzgando en el TSJ valenciano, después de que las dimisiones de las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such suscitaran dudas sobre qué tribunal debía enjuciar los hechos. El acuerdo se adoptó para fijar un criterio para todos los casos de corrupción con aforados imputados. El Supremo dijo entonces que, una vez dictada la apertura de juicio oral, la dimisión del aforado no implicaba desviar la causa a otro tribunal.
La renuncia de Alperi en las Cortes se produjo a raíz de que el TSJ le abriera juicio oral por estos tres delitos fiscales en abril de 2014. La causa se envió a Alicante cuando todavía el Supremo no había tomado el citado acuerdo. En la exposición razonada, el juez explica que «no se trata de una aplicación retroactiva del acuerdo», «si no de su aplicación a día de hoy».
El magistrado argumenta que «la competencia entre dos órganos judiciales puede ser objeto de controversia incluso después de que un órgano judicial haya admitido o declinado su propia competencia, hasta que quede fijada de modo definitivo entre esos dos órganos judiciales».
De esta manera, aunque la decisión del TSJ de enviar a Alicante la causa en junio de 2014 fuera firme, al no haber sido recurrido por ninguna de las partes, el magistrado Alarcón considera que estas circunstancias no impiden a este tribunal «replantearse su posible competencia a la luz del criterio determinado por la Sala de lo Penal del Supremo». Ahora el TSJ tiene que decidir ahora si asume ahora la competencia.
