La reforma del sistema de financiación autonómica -asunto clave de la agenda política valenciana y decisivo para la viabilidad de la Generalitat- puede tomar en las próximas horas una velocidad inesperada, algo que hasta ahora estaba en el aire desde que en julio se conoció el informe del comité de expertos sobre el cambio de modelo. El Gobierno de España, a través del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a desbloquear «de forma inmediata» la reforma de la financiación autonómica durante un encuentro que se produjo en Madrid coincidiendo con la escalada de tensión en Cataluña. ¿Cómo? Habrá en breve -posiblemente se convocara en los próximos días- una reunión de la comisión técnica, el órgano que debe entrar a fondo en la negociación política de ese sistema. E incluso, como apuntaron fuentes conocedoras de los contactos, la voluntad que surgió de la cita de ayer en Madrid es que el nuevo modelo de reparto, caducado desde enero de 2014, pueda aplicarse en presupuesto para el próximo año.

En un momento muy complicado y con la crisis catalana monopolizando la escena mediática, la reacción de Montoro a la petición de Puig tiene, si cabe, más valor en tanto que supone ofrecer la imagen de que usando la vía política se pueden conseguir avances para cuadrar un modelo territorial que acomode las peticiones de los ejecutivos autonómicos y, especialmente, de comunidades golpeadas por un trato injusto tanto en la distribución de la financiación como en la consignación de inversiones, como es el caso de la Comunidad. Ximo Puig trasladó a Montoro dos argumentos: evitar que el conflicto de Cataluña paralice toda la negociación; y a la vez que el desenlace de los contactos para perfilar el nuevo modelo de reparto de fondos autonómico puede contribuir a resolver la encrucijada de un problema que, insistió Puig, va más allá de lo que ocurra con el pulso entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. La Comunidad, junto a Murcia y Cataluña, es una de las que «sufre» el actual modelo. El Consell, de hecho, reclama 1.300 millones anuales para situarse al nivel del resto de autonomías al tiempo que la Comunidad es la única con una riqueza por debajo de la media que, sin embargo, aporta de una forma neta al sistema. Es decir, aporta como si fuera rica cuando, en realidad, es un territorio que debería ser receptor de más dinero.

De alguna manera, según explicaron estas mismas fuentes, reactivar la reforma de la financiación supone no sólo empezar a moldear una respuesta al «problema valenciano», la autonomía, como recordó una vez más Ximo Puig en Madrid, más perjudicada desde hace década y media. Pero también facilitaría, a su vez, evidenciar que el modelo de financiación, como se fijó en la comisión de expertos, arrastra un déficit de 16.000 millones y además colocar un mensaje con destinatario: intentar convencer a una parte de Cataluña, ahora mismo desconectada del Estado, de que se pueden conseguir mejoras en el nivel de autogobierno con el debate político.

Desde la conferencia de presidentes celebrada en enero -foro en el que se acordó iniciar el proceso y cerrarlo antes de finalizar el año- se habían cumplido, más o menos, los plazos previstos. El informe del comité de expertos, incluso, se presentó a finales de julio, una semana antes de la fecha marcada como tope. Pero la sucesión de acontecimientos en Cataluña, sin embargo, había ralentizado los contactos que ahora se volverían a reabrir. Una convocatoria inmediata de la comisión técnica, como se comprometió ayer Montoro con Puig, supone «de facto» iniciar la negociación política y encarar la recta final para la puesta en marcha del nuevo modelo de financiación. Un sistema que, según Puig, debe preservar la «igualdad» de los ciudadanos y la «singularidad» de todos los territorios.

¿Hay posibilidad de que los negociadores alumbren una propuesta de amplio consenso antes de finalizar el año, conforme al acuerdo de la conferencia de presidentes? Ambas partes ven posible que se pueda conseguir. «Hay disposición y buena voluntad», sugirió el jefe del Consell. Todo apunta a que puede ser clave para acelerar el proceso la negociación que Montoro tiene pendiente con los nacionalistas vascos con los presupuestos para 2018 -los actuales están prorrogados- de cara a salvar la legislatura y su singular modelo de financiación. Unirlo todo facilitaría a Montoro iniciar el próximo año en mejor situación.