La juez que investiga al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por el presunto fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento ha citado a declarar, en calidad de testigos, a siete técnicos más del Ayuntamiento, todos vinculados al área de Comercio, y a trece proveedores de los servicios que contrató la Concejalía de Comercio a finales del pasado año por un valor total de unos 190.000 euros.

En concreto, la juez María Luisa Carrascosa, que ya tomó hace diez días declaración a los tres investigados -Echávarri y sus asesores Lalo Díez y Pedro de Gea- ha dictado una providencia en la que llama a declarar en calidad de testigos a los técnicos de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante Juan Carlos Más, Rosa de la Iglesia, Diego Zaragoza, María del Mar Perales, María José Fernández, Bruno Radermecker y Pablo Rico. Todos ellos tendrán que acudir al juzgado el 23 de octubre a las 10.15 horas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, en su providencia, también ha requerido al Ayuntamiento de alicante que remita el expediente correspondiente a las 25 facturas objeto del presente prodecimiento y del expediente de la Gala de Comercio del año 2015 -previo a la que se investiga-. También reclama el decreto de nombramiento del asesor de Comercio, Pedro de Gea (uno de los investigados) y del técnico administrador del Mercado de Babel, Bruno Radermecker.

Por otro lado, la juez también ha citado a declarar, igualmente en calidad de testigos, a representantes legales de trece empresas proveedoras de los servicios contratados por la Concejalía de Comercio. Las primeras cinco sociedades están citadas el 26 de octubre, entre las 10.40 y las 13.15 horas, coincidiendo en la misma jornada que el pleno ordinario de este mes. Diez días más tarde, el 6 de noviembre, entre las 10.30 y las 13 horas, jornada en la que está previsto la celebración del Debate sobre el Estado de la Ciudad, acudirán a los juzgados en calidad de testigos los representantes legales de otras ocho empresas. Dos de ellas, declararán a través de videoconferencia por estar domiciliadas en Madrid y València, respectivamente.

De esta forma, tras las declaraciones como investigados del alcalde Echávarri, de su jefe de Gabiente de Alcaldía, Lalo Díez, y del asesor de Comercio, Pedro de Gea, estas nuevas citaciones como testigos se suman a las cinco ya realizadas el pasado 6 de octubre, cuando acudieron el jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, junto a un abogado municipal, el interventor, el entonces técnico de la Concejalía de Comercio y el concejal de Contratación, Natxo Bellido (Compromís). La juez investiga a Echávarri y a sus dos personas de confianza tras la denuncia presentada por los grupos de la oposición (PP y Cs).

Tras conocerse la providencia de la juez, el portavoz municipal del PP y acusación particular en el caso, Luis Barcala, ha subrayado que "la celeridad con la que se está instruyendo este caso es algo que siempre hemos solicitado para que se aclarasen los hechos cuanto antes". Para el portavoz popular, "lo peor de todo es que cuando ya nadie duda de que se han fraccionado contratos, se tambalea la excusa del alcalde, Gabriel Echávarri, de que sólo se trata de una irregularidad administrativa por la que ni el primer edil está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad política ni tampoco la exige a los asesores que dependen de él y han intervenido en estos hechos".

A través de un comunicado, Barcala ha incidido en que "estas nuevas diligencias ponen de manifiesto que cuando el alcalde, Gabriel Echávarri, actualmente investigado por la justicia, trataba de minimizar los hechos porque decía que no había pasado nada, se ve que algo sí ha pasado y bastante grave, porque de otro modo un juzgado no acuerda tantas diligencias". Por último, el portavoz popular ha afirmado que "es muy importante que se sepa que aquí se va a instruir desde el principio hasta el final para esclarecer los hechos" y que "nadie piense que esto era un mero trámite para archivar porque no va a ser así".