Cumplir con las sentencias judiciales parece el sino más reciente del conseller de Educación, Vicent Marzà. Tras redactar una nueva ley de plurilingüismo para rescatar de la suspensión su proyecto de enseñanza en lengua, le llega el turno al pago de la antigüedad de los docentes interinos.
Después de que sendos autos le obligaran al pago de multas mensuales de mil euros por no cumplir con sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como del Supremo y del propio TSJ de la Comunidad, -que tumba el decreto que dejaba a los interinos al margen del cobro por su formación, y los iguala al resto de los funcionarios-, la Conselleria prevé publicar en breve la normativa que reconoce este derecho y plantea un calendario de pagos.
De entrada, los presupuestos contemplan ya para este año 6 millones de euros para empezar a pagar el primer sexenio que correspondería a 6.000 interinos, a razón de 100 euros para cada profesor que cumpla con la formación.
Desde el departamento que dirige Vicent Marzà señalan que el próximo mes de noviembre se publicará oficialmente en el DOGV para que entre en vigor la norma y proceder al pago de cuantos cumplan este año un primer sexenio.
El calendario fijado por Educación establece que el año que viene se pagará el segundo sexenio, en 2019 el tercero, y en 2020 el cuarto y siguientes.
No obstante desde la federación de enseñanza de CC OO, que como la mayoría de formaciones sindicales del profesorado sigue tramitando recursos individuales de interinos que se han visto perjudicados hasta ahora por no cobrar este complemento, alerta a Educación de la urgencia de negociar el pago retrospectivo de «al menos, los cuatro últimos años», si quiere evitar la inversión millonaria que estaría «obligada a abonar ante la cantidad de recursos que hay en marcha», y que están prosperando en su totalidad porque la jurisprudencia europea lo respalda.
Retraso
Francisco García, que ha presentado por parte de CC OO ante la Junta Docente Provincial la «estrategia» a seguir para que se paguen los atrasos, lamenta que el actual Consell «haya perdido dos años por no abordar el problema, pese a que venía de antes». Aunque celebra que llegue el pago del primer sexenio, advierte que lo hace «con otros 8 meses de retraso este mismo año» y recuerda que «prevalece la norma europea».
Es la razón por la que Educación se ha visto obligada a pagar los sexenios «y el siguiente paso son el resto de sentencias que reconocen el carácter retroactivo de la medida», recalca García.
Este sindicato recuerda que comunidades como la andaluza, que ya han pasado por esto, han reconocido el pago de la antigüedad con al menos 4 años de retroactividad. «También ellos se vieron forzados a tomar esta decisión para evitar el colapso tanto de la administración como de los tribunales de justicia, porque hubo miles de recursos», precisa el delegado de CC OO. En este sentido, el acuerdo que se persigue se centra en que Hacienda extienda la retroactividad de oficio con cuatro años de antigüedad.
«Ahora se ha cifrado en 6 millones de euros el pago por este año, pero calculamos en 30 millones lo que habría que desembolsar para cumplir con la antigüedad que se debe al profesorado, porque la normativa europea es de obligado cumplimiento», concluye.
