El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, defendió ayer ante la juez la legalidad de los contratos investigados en la Concejalía de Comercio y negó la existencia de fraccionamiento alguno. El primer edil comparecía ayer junto al jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor del área de Comercio, Pedro de Gea, ante el juzgado en calidad de investigados (término que sustituye a la figura del imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) para dar respuesta a las presuntas irregularidades detectadas en 25 facturas por 190.000 euros correspondientes a la Gala del Comercio, la imagen de los mercados municipales y la campaña de Navidad de 2016.
El PP y Ciudadanos denunciaron en el juzgado que podrían tratarse de contratos troceados para burlar el límite de 18.000 euros, que obliga a sacarlos a concurso y no por adjudicación directa. Mientras que los tres investigados defendieron la legalidad de las facturas, el interventor y otro técnico municipal se reafirmaron ayer ante la juez que se trató de un fraccionamiento de contratos. Un total de ocho personas (cinco testigos y tres investigados) declararon ante la magistrada y en, líneas generales, todos se mantuvieron en lo mismo que ya dijeron en las últimas semanas en el transcurso de la comisión municipal de investigación abierta para aclarar estos hechos. La última sesión de la comisión estaba señalada para ayer por la mañana, poco antes de la comparecencia judicial, para debatir y votar las conclusiones, pero finalmente fue suspendida a petición del PP y de Ciudadanos.
Echávarri declaró ante la juez María Luisa Carrascosa durante cuarenta minutos. Ni él, ni sus dos cargos de confianza quisieron responder a las preguntas de la acusación particular ejercida por el PP y sí respondieron a la juez, a los dos fiscales Anticorrupción y a sus defensas. Según las fuentes consultadas por este diario, el alcalde dijo que desconocía entonces cuál era el contenido de estos contratos, fechados en diciembre, y que era algo que tenía delegado en sus dos asesores, en los que tenía plena confianza. La explicación sobre la falta de conocimientos en determinadas materias que esgrimió Echávarri en algunos momentos se encontró con el recordatorio por parte de la magistrada de que la profesión de éste es la de abogado. En esta línea, Díez reconoció que firmaba facturas y que tenía facultades para ello; mientras que Pedro de Gea aseguró que él se encargó de la elección de los proveedores basándose en el prestigio de estos.
En febrero, según la versión del alcalde, el técnico de Comercio, Diego Agulló, le informó que esas facturas no se podían tramitar como contratos menores. El alcalde habría examinado la documentación tras el aviso del funcionario y aseguró que no vio fraccionamiento alguno y que la tramitación había sido correcta.
Las dudas que pretende despejar la investigación es si había «unidad funcional» en los contratos investigados o se trataba de adjudicaciones que se podían contratar por separado y de manera independiente. Echávarri y sus asesores señalaron que aunque algunos de los contratos se referían a la Gala del Comercio, las facturas se correspondían a conceptos diferentes y, por lo tanto, podían hacerlo legalmente.
Sin embargo, dos técnicos municipales citados ayer por la juez se ratificaron en su conclusión de que esas facturas se trataban de contratos fraccionados. El interventor municipal, Francisco Guardiola, aseguró con rotundidad que sí lo eran. De hecho, los reparos que puso el funcionario a estos pagos el pasado 4 de abril fueron los que obligaron a remitir las facturas al Consell Jurídic Consultiu para que se pronunciara sobre la legalidad
En la misma línea testificó el técnico de Comercio Diego Agulló, que llegó a plantear a la juez que en la concejalía había un «gran desconcierto» porque empezaron a llegar facturas que nadie sabía a qué correspondían. Agulló se reafirmó en las conclusiones de su informe que hablaba de fraccionamiento, pero cuando le preguntaron si había «unidad funcional» entre todas esas facturas matizó que eso era un concepto jurídico tan etéreo que no podía responder. Las declaraciones de ambos técnicos se prolongaron por espacio de una hora cada uno y fueron las de mayor duración de la intensa mañana de interrogatorios.
Por su parte, el letrado jefe del Ayuntamiento, Manuel Cordón, y el letrado asesor, Pablo Núñez de Cela, se reafirmaron en las conclusiones de un informe que negaba la existencia de fraccionamiento. Asimismo, el concejal de Contratación y portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido (Compromís), fue preguntado sobre el funcionamiento del Portal de Transparencia. Bellido subrayó que, en este caso, las facturas se publicaron en el citado portal en el momento correcto.
