La situación en Cataluña se va complicando por momentos, ¿qué vías de salida ve legalmente hablando?
Me gustaría encontrar una que fuera unívoca, aceptada por todos, pero desafortunadamente no es tan sencillo. Creo que como primera medida hay que restaurar el orden constitucional, también restaurar la convivencia y que se den las condiciones básicas para poder votar todos en libertad sin una sociedad crispada, polarizada y dolorida. Cuando se den esas dos circunstancias creo que el Gobierno, sea cual sea, antes o después de unas elecciones generales, tendría que plantearse revisar entre todos, incluida Cataluña, nuestro modelo constitucional con lealtad y sinceridad y llegar a acuerdos de lo que queremos que sea nuestro país.
Puigdemont dijo en su mensaje institucional que no va a moverse un milímetro de su plan y el Parlament ha convocado un pleno previsiblemente para declarar la independencia ¿qué escenarios se abren?
El Tribunal Constitucional ya ha dicho claramente que todo el proceso desde que se aprobó la Ley del Referéndum es inconstitucional. Lo que es inconstitucional en teoría no produce ningún efecto, pero el problema es que las declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes por sí solas no arreglan los problemas. Las leyes si no gustan habrá que reformarlas, pero incumpliéndolas no se arregla nada. Por lo tanto, habrá que trabajar también la convivencia y la educación. Más allá de los políticos, la sociedad civil y las personas tenemos una responsabilidad individual.
En caso de que el Parlament declarara la independencia, ¿tendría algún efecto?
Jurídicamente el efecto que tendría es la posible comisión de un delito de sedición y de inobediencia como ya han advertido los letrados del propio Parlament. En ese escenario o bien el Gobierno podría aplicar el artículo 155 de la Constitución o instar la inhabilitación del presidente de la Generalitat.
¿El gobierno de la Generalitat podría acabar en la cárcel?
De momento nos movemos en el plano de la constitucionalidad o no de la toma de decisiones aunque ya hay alguna persona relevante en este proceso imputada. Habría que ver la tipificación de los delitos que se pudieran haber cometido. No es descartable la imputación y juicio de las personas responsables pero no me puedo aventurar a saberlo.
Si se activara el artículo 155 para que el Estado asumiera las competencias de Cataluña y convocara elecciones, ¿sería una solución?
Una salida es convocar elecciones pero insisto en que sociológicamente deben darse las circunstancias de libertad y sosiego necesarias para una votación cuyos resultados sean aceptados y asumidos por todos. El problema es que una parte de la población está jurídica y emocionalmente desconectada y en eso tienen mucha responsabilidad los dirigentes. Esta situación nos ha causado tristeza y preocupación a todos, no creo que las personas que abogan por la independencia estén contentas con lo que ha pasado, no ha sido una fiesta de la independencia. Pero hay actitudes que no las podemos achacar a los políticos en las que tiene mucho que ver la educación en valores democráticos.
Además anunció que dará los resultados del referéndum.
La Junta Electoral Central ya ha dicho que esos resultados no tienen ninguna validez como referéndum ni legal ni legítimo ni por el objeto ni por la persona que lo ha convocado y por la ausencia total de garantías de libertad y de transparencia que debe tener cualquier consulta electoral.
¿Tiene cabida un referéndum legal con la Constitución actual?
En mi opinión no, y también en la del Tribunal Constitucional, pero no es imposible reformar la Constitución, ésta es un instrumento que se dan los ciudadanos para unas normas de convivencia y organización territorial que yo creo que nos ha sido muy útil durante 40 años pero si ha llegado el momento de revisarla, y yo creo que sí, se puede hacer. Lo que tenemos es que intentar sustituirla con el mismo consenso. Para eso tendrían que sentarse todos los grupos políticos y generar un debate en la sociedad civil en libertad para que todo el mundo pueda decir lo que piensa de forma civilizada, racional y serena.
Se habla de ir hacia un estado federal para dar encaje a todas las autonomías
La Constitución del 78 respecto al régimen del que veíamos instauró un sistema descentralizado aunque fue criticado por algunos por el 'café para todos' porque se intentó contentar a las nacionalidades históricas y se otorgó el mismo grado de autonomía al resto de regiones. Hay dos tendencias a la hora de abordar la descentralización, una se basa en derechos históricos y en el concepto de nación pero también hay una tendencia que aboga por la descentralización por acercar la toma de decisiones a los ciudadanos. Lo que ocurre es que se diseñó un modelo en que había competencias estatales, competencias transferidas y en el que se diseñó un modelo de financiación, ese sí desigual, y todo eso es lo que creo que se podría haber negociado con la Constitución que tenemos, pero lo que estamos viviendo es de más calado como para que se revise el modelo.
Más allá de la situación legal, hay una fractura total en la sociedad catalana, ¿tendrá arreglo esta fractura si las aguas vuelven a su cauce?
En este sentido soy optimista, creo que en España ha habido fracturas sociales incluso más graves sin necesidad de remontarnos a momentos horribles del siglo pasado, como conflicto en el País Vasco y el terrorismo y la violencia yihadista. Creo que la mayoría de personas tiene la educación suficiente para saber que la crispación y no respetar las ideas de los demás no es un buen camino.
La financiación siempre ha planeado sobre el independentismo.
La financiación es un tema crucial en la organización territorial y ha sido uno de los temas implícitos en todos los malos entendidos que haya podido haber entre el Estado y las comunidades autónomas. La Constitución fijó un sistema de financiación basado en la descentralización absoluta en el caso de los territorios forales de País Vasco y Navarra que es el sistema de convenio cupo, mientras diseñó para el resto un régimen llamado de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) que al principio era muy centralizado, pero ha sufrido varias reformas y cada vez los tributos están más descentralizados. Ante una posible reforma constitucional uno de los temas importantes es si queremos para todas las comunidades autónomas ese sistema de cupo, si queremos mayor corresponsabilidad fiscal con un nivel de tributos cedidos o si tenemos suficientes ingresos para las competencias que tenemos transferidas. El sistema de financiación se puede reformar, se puede seguir negociando con Cataluña.
¿Sería sostenible que todas las comunidades funcionaran por cupo?
Habría que estudiarlo. En todo sistema federal de financiación hay varios modelos, el total de separación como el cupo en el que todos los tributos se gestionan y se recaudan en la comunidad y se transfiere una parte al sistema central, el de absoluta unión en el que todos los ingresos pertenecen al Estado y éste los reparte. Y luego está el sistema mixto que es el que tenemos en España. El sistema de cupo prima el principio de autonomía y los otros el principio de solidaridad. Todos son posibles, tenemos que saber ponernos de acuerdo en qué queremos.
¿Sería viable fiscalmente una Cataluña independiente?
No puedo contemplar ese escenario, afectaría a todo el Estado. No es el mismo caso que el Brexit, España no es un tratado, es un estado único y se establece una situación de secesión. Esto no es viable en la Constitución española, podría ser viable en una nueva con corte federal en la que se planteara la posibilidad de que una de esas partes del estado federal se pudiera segregar del central. Entonces la propia constitución establecería los modelos, que pasarían por tener sus propios tributos.
Asistimos a una fuga de sedes de empresas de Cataluña, ¿qué consecuencias tendrá?
De momento ese cambio no tiene consecuencias fiscales porque el impuesto de sociedades es estatal, no está cedido. El cambio de domicilio tendría consecuencias en el caso de que Cataluña fuese otro estado, un escenario que no contempla la Constitución. Pero lógicamente cuantas más empresas tengas domiciliadas en un territorio más empleo y renta generas. En el impuesto sobre la renta las comunidades tienen cedido el 50% de su recaudación. Supone una pérdida de riqueza sin duda, pero supone una pérdida de riqueza para todos el no crear las condiciones de seguridad jurídica y de estabilidad que se necesitan para la inversión y la creación de empleo.
¿Y en el caso de los bancos?
Los bancos tributan igual el impuesto de sociedades, pero la imagen es devastadora a efectos de inversión en Cataluña y por otro lado está el nivel de empleo y riqueza que crean en la zona donde se encuentren. Y el miedo de los inversores a que una hipotética Hacienda catalana intervenga esas entidades financieras. El siguiente problema lo vamos a tener en mayo con la declaración del impuesto sobre la renta, esperemos que para entonces se haya solucionado el problema, porque los contribuyentes tienen que tributar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria aunque esté cedida la mitad del impuesto, y la ley de Transitoriedad prevé una agencia catalana. Hay que advertir de que se puede cometer infracción e incluso delito con la declaración en una agencia incompetente.
