07 de octubre de 2017
07.10.2017

Padres de colegios públicos y concertados insisten en poder elegir la lengua de enseñanza

Critican que la ley del plurilingüismo deja en manos de los directores, y en función de la dotación de profesores, el nivel de inglés para sus hijos

09.10.2017 | 19:22

Equiparan la «falta de diálogo de Marzà» con la situación entre Rajoy y Puigdemont.

La propuesta de ley de plurilingüismo pendiente del debate en Las Cortes, tal y como la presentó el conseller de Educación, Vicent Marzà, sigue sin convencer a los representantes de los padres de alumnos de centros públicos y concertados, que ayer convocaron en Alicante a cuantos han recurrido el decreto de plurilingüismo para recabar apoyos en su insistencia por elegir la lengua de la enseñanza para sus hijos.

Reunidos en el Foro por el Derecho a elegir Lengua Vehicular, tanto Julia Llopis, presidenta de los padres de centros concertados por Concapa y la federación provincial Escuela y Familia, como Ramón López, presidente de Covapa y de la Fapa Gabriel Miró, lamentan que la proposición de ley deje en manos de los directores de los centros la decisión sobre la cantidad de horas que se imparte de inglés, amén de la infradotación de profesorado.

«Los padres siguen sin poder elegir valenciano o castellano y eso no tiene vuelta de hoja. La mayor autonomía a los colegios hace que dependa todo del director», lamenta Llopis. «Se deja a la suerte de que el centro disponga de profesorado para impartir más inglés, porque la cifra del 2,8% de docentes con nivel de inglés no ha cambiado», abunda López.

Dicen que a estas alturas no se fían del conseller, «porque no consensúa», y Llopis sostiene que «al menos en los centros públicos se irá al máximo posible de valenciano, porque al exigir la capacitación en valenciano lo que no faltarán serán estos profesores».

Ayer invitaron a cuantos han recurrido el decreto de plurilingüismo a compartir una mesa redonda para sumar fuerzas contra el plurilingüismo que propone el Consell «porque no cuentan con nosotros. Con ellos -en referencia al PSOE y Compromís- el diálogo es parecido al del Estado con Cataluña, y tampoco tenemos que ir muy lejos para saber cómo están nuestros vecinos catalanes con la imposición de la lengua», sostiene Julia Llopis.

Entre los representantes de los sindicatos que han llevado el plurilingüismo a los tribunales, CSI.F y ANPE celebran de entrada que la nueva ley proponga «una alternativa y no se empecinen en lo anterior», pero insisten en que se cuente con el profesorado y no se limiten a informales una vez que ya se haya decidido todo, como apunta Laureano Bárcena.

Los políticos


En su exposición ante los representantes de los padres, la presidenta y síndica del PP, Isabel Bonig, defendió el plurilingüismo implantado por su partido en 2012 por entender que no genera conflictos y «supone la igualdad de oportunidades para aprender inglés en cualquiera de los centros públicos». Bonig se pone de parte de los padres que reclaman la libertad de elección de la lengua, y propone que no haya límite en el porcentaje de la enseñanza en inglés: «No se tendrá que ir a un colegio privado para que sepan inglés», prometió.

Tras defender que el modelo de plurilingüismo del PP evaluaría los resultados cada año, arremetió contra la ley que propone Marzà: «Es una copia del modelo de inmersión lingüística catalán y todos sabemos a dónde lleva eso».

Por su parte, la diputada nacional de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín,atacó tanto al Consell por «saltarse la suspensión del plurilingüismo con el decreto-ley», como al PP por considerar su actitud como «esquizofrénica». Mientras que desde la Diputación lo han llevado a los tribunales, desde el Gobierno central «no han hecho nada -critica-, aunque el secretario de Estado de Educación me ha asegurado que lo van a recurrir ante el Constitucional».Martín también reclama un consenso previo con los padres.

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