29 de septiembre de 2017
29.09.2017

Echávarri se niega a dimitir pese a ser investigado y Compromís anuncia que rompe el tripartito

El socialista, que declarará por el presunto fraccionamiento de contratos en Comercio, descarta abandonar el cargo, pese a las exigencias de Bellido y Pavón - Afirma que su marcha voluntaria serviría la Alcaldía al PP

01.10.2017 | 00:35
Echávarri se niega a dimitir pese a ser investigado y Compromís anuncia que rompe el tripartito
Echávarri se niega a dimitir pese a ser investigado y Compromís anuncia que rompe el tripartito

Nunca el futuro del tripartito de Alicante estuvo tan en precario. La decisión de una juez de citar como investigado (término que sustituye a la figura del imputado) al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, provocó ayer un maremágnum de reacciones, movimientos, llamadas y, sobre todo, de exigencias en forma de dimisión. Y es que los dos socios de gobierno del PSOE, tras consultar con las direcciones de sus respectivas formaciones, coincidieron ayer a la hora de pedir que Echávarri deje la Alcaldía en respuesta a la proclamada «ética política».

Con todo, Compromís fue más allá que Guanyar, ya que la formación que encabeza Natxo Bellido no sólo exigió que Echávarri se vaya, sino también anunció que romperá el actual pacto de gobierno si el regidor socialista se aferra a su cargo. Y, por ahora, Echávarri no tiene ninguna intención de abandonar su despacho en la cuarta planta del Ayuntamiento. «No contemplo dimitir. Si lo hiciera, Luis Barcala [portavoz del PP] sería alcalde en 15 días», reaccionó poco después de conocerse, a primera hora de la mañana de ayer, que el próximo viernes acudirá al juzgado a declarar como investigado.

Poco después, Echávarri recibió la visita de Ángel Franco, el hombre que lleva más de dos décadas controlando los hilos que mueven el socialismo en la ciudad. Tras ese encuentro, el alcalde reafirmó su decisión. Por la noche, lo que recibió Echávarri fueron llamadas. En la primera, según fuentes de Alcaldía, la interlocutora fue la edil Julia Angulo (Guanyar), quien intentó ofrecer un pacto de «no agresión», aunque el «a cambio» parece ser que no se terminó de hablar. Echávarri se negó. Poco después, fue el turno de Bellido (Compromís), quien le llamó para adelantarle la decisión de la coalición nacionalista, poniendo sobre la mesa el nombre de Montesinos (PSOE) como posible relevo en la Alcaldía.

Sin embargo, si Echávarri dimite, el futuro del despacho más noble del Ayuntamiento sería toda una incógnita, ya que el candidato necesitaría 15 votos a favor, mientras que el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) suman 14 y la tránsfuga Belmonte no está por la labor de volver a cerrar filas con el equipo de gobierno del que fue expulsada. Si nadie consiguiera ese apoyo necesario, la Alcaldía quedaría en manos del PP por ser la lista mayoritaria, con ocho ediles.

El futuro de una moción de censura aún sería más complicado, porque el proponente necesitaría 15 firmas, pero entre ellas no contarían los dos ediles tránsfugas.

Con todo, los problemas de Echávarri con la justicia pueden tener un nuevo episodio a raiz del despido de la cuñada de Barcala. Ese caso ya está en los juzgados.

El próximo viernes, a los juzgados

Después de que el PP y Ciudadanos se ratificaran ayer ante el juzgado en la denuncia por fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea, han sido citados como investigados (término que sustituye a la figura del imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) ante la magistrada por las presuntas irregularidades. La cita será el próximo viernes, 6 de octubre, en una jornada maratoniana en la que han sido llamados a declarar otros tres testigos. Los comparecientes citados son el interventor municipal, Francisco Guardiola, el técnico que alertó de las irregularidades, Diego Agulló, y el portavoz del tripartito, Natxo Bellido (Compromís).

La magistrada María Luisa Carrascosa tomó declaración ayer a los representantes municipales del PP y Cs que presentaron la denuncia, Luis Barcala y Yaneth Giraldo. En la comparecencia estuvo también el fiscal Anticorrupción Felipe Briones, que ha remitido al juzgado la investigación que ya tenía abierta para que continúen allí las pesquisas. Tanto Barcala como Giraldo fueron preguntados por si conocían alguna intencionalidad oculta por este fraccionamiento de contratos y ambos manifestaron que desconocían este extremo. Mientras que el PP ya se ha personado como acusación particular en la causa, Cs dejará la actuación penal en manos del fiscal.

Los hechos arrancaron el 4 de abril, después de que el interventor del Ayuntamiento alertara de posibles irregularidades en el modo en que se habían tramitado las facturas de distintas campañas de la Concejalía de Comercio, por entonces dirigida por Echávarri, y que se habrían fraccionado como contratos menores por un montante total de 189.762 euros.

Ante los reparos de la intervención, el tripartito elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera un informe, que aún está pendiente de conocer, a fin de determinar si el Ayuntamiento había actuado correctamente. Los populares acudieron en un primer momento a la Fiscalía, que llegó a abrir diligencias de investigación. Sin embargo, a finales de julio presentaron una nueva denuncia ante el juzgado, al considerar que Echávarri y dos miembros de su confianza podría haber incurrido en prevaricación, delito al que Ciudadanos añadió esta misma semana la posible usurpación de funciones y falsedad documental.

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