28 de septiembre de 2017
28.09.2017

La Diputación quiere que se anule el plurilingüismo «light» porque «burla» al TSJ

Pide a los magistrados que eleven al TC el decreto-ley - Puig solicita al PP que explique su oposición a la capacitación lingüística de los niños de 3 años

28.09.2017 | 19:05
César Sánchez ayer, con los representantes de los padres.

La Diputación Provincial vuelve a presentar batalla contra el plurilingüismo del Consell, esta vez frente al decreto-ley aprobado solo este curso y para los niños de 3 años. La institución provincial ha presentado un incidente de ejecución ante el TSJ de la Comunidad con la intención de que tampoco se de por válido esta norma «light» y los magistrados planteen su inconstitucionalidad.

El presidente de la Diputación, César Sánchez, acusa al conseller Vicent Marzà de que con este decreto-ley se pretende «burlar el auto del TSJ», que suspende cautelarmente el plurilingüismo y obliga a aplicar el modelo de enseñanza en lenguas que dan los colegios e institutos desde el año 2012, en que lo aprobó el PP.

Como directamente no puede acudir al Constitucional al tratarse de un decreto-ley, Sánchez lo hace a través del TSJ, al que solicita que plantee la citada inconstitucionalidad por entender que no había ni «urgencia» ni «necesidad» como marca la ley para un decreto-ley.

La Conselleria de Educación, tras acatar la citada suspensión cautelar y volver este curso al plurilingüismo del PP en todos los niveles educativos, desde el Infantil con 4 años de edad a sexto curso de Primaria como ordenó el TSJ, justificó la urgencia del decreto-ley para no tener que repetir la matrícula entre los niños de dos y tres años de edad y asegurar la normalidad en el inicio de curso.

Los responsables de la Diputación sostienen, sin embargo, que lo único que ha pretendido con esta normativa la Conselleria de Educación ha sido «eludir una resolución judicial».

Guerra

El propio presidente, César Sánchez, enmarcó ayer su actitud frente al plurilingüismo de Marzà en una auténtica guerra política, al subrayar que «esta batalla la vamos a ganar y cuando venzamos a la imposición, al decreto, al pensamiento único, pediremos a Ximo Puig que cese inmediatamente al señor Vicent Marzà».

En una referencia directa a la campaña presentada ayer por el propio conseller de Educación, para impulsar que se hable en valenciano, el dirigente del PP en la Diputación también añadió que «no vamos a permitir que se levanten puentes solo en una dirección, que se construyan con Cataluña y se levanten muros con España. Derribaremos cualquier muro que construya con España el Gobierno valenciano y el señor Marzà con su política educativa».

Y con respecto a los dos millones de euros que se destinan a esta campaña de «publicidad y camisetas», opina el presidente de la Diputación que «se los podían haber gastado en nuevos centros educativos, que hacen falta muy especialmente en la provincia de Alicante».

El propio president, Ximo Puig, le replicó afeándole por no «atender lo fundamental en lo que debería ser su actividad», y citando la «diferencia de casi tres euros a uno en inversiones en equipamientos entre lo que destina la corporación provincial de Valencia y la de Alicante».

El recurso

Sobre la nueva maniobra de la Diputación contra el plurilingüismo, Puig reiteró la decisión del Consell de introducir cambios: «Se atenderá lo que diga la Justicia y estamos dispuestos a dialogar permanentemente sin perder de vista el horizonte» -que los niños dominen el castellano, el valenciano y el inglés. «Eso es lo que al PP y a la Diputación les parece que no está bien. Tendrán que explicar por qué están en contra de esa capacitación lingüística de los niños», dijo Puig.

En sus argumentos jurídicos, la Diputación reitera que el decreto-ley para los niños de 3 años «elude el cumplimiento de una resolución judicial», así como que «en la práctica consolida la adscripción de colegios al decreto suspendido, con condicionantes derivados de su carácter discriminatorio». Y pide al TSJ que plantee la inconstitucionalidad porque tampoco cumple con la «libertad de elección» para las familias.

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