La vía judicial por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante vivió ayer un nuevo episodio. Ahora ha sido el grupo municipal de Ciudadanos el que ha acudido a los juzgados, al igual que hizo el Partido Popular a finales del pasado mes de julio, para denunciar al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por presunto fraccionamiento de contratos durante su etapa como máximo responsable de la Concejalía de Comercio. En concreto, por la gestión de unos 25 contratos por un valor total de 190.000 euros, que se adjudicaron a finales del pasado año, en plena campaña en Navidad, mientras el dirigente socialista estaba al frente del área de Comercio, una responsabilidad que delegó en la también socialista Gloria Vara a finales de mayo, tras estallar la polémica por el presunto fraccionamiento de contratos.
La denuncia presentada ayer por Ciudadanos va más allá de la interpuesta hace un mes y medio por el PP, porque también pone sobre la mesa presuntos delitos de usurpación de funciones y falsedad documental en relación a la firma de contratos sin la existencia de un decreto de delegación de funciones por parte de personal de confianza del alcalde. «Hemos presentado la denuncia contra Gabriel Echávarri, Eduardo [Lalo] Díez y Pedro de Gea por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y falsedad documental. Nosotros convocamos una comisión de investigación, suponiendo que un ayuntamiento que abandera la transparencia no iba a poner problemas. A raíz de las comparecencias que hubo, creemos que es necesario dilucidar responsabilidades judiciales, además de las políticas», señaló ayer Giraldo a las puertas de los juzgados de Benalúa tras registrar la denuncia contra Echávarri y dos miembros de su personal de confianza.
La portavoz municipal de Ciudadanos, además, justificó que su formación haya presentado una denuncia al margen de la ya interpuesta a finales de julio -tras la primera sesión de la comisión de investigación- por el otro grupo de la oposición en Alicante, el PP. «Las razones que nosotros exponemos [en la denuncia] creemos que son completamente diferentes a las del PP, ya que nosotros tenemos una información más completa después de lo sucedido en la comisión de investigación. Ya serán los jueces los que estimen si tienen que juntar ambas denuncias o no», apuntó Giraldo, en alusión a que la denuncia del PP en los juzgados se produjo antes de la segunda y última sesión de la comisión, en la que comparecieron el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de Comercio, Pedro de Gea. En la primera, el interventor municipal declaró la existencia de indicios de fraccionamiento en los contratos de la concejalía de Comercio.
Los populares, de hecho, antes de acudir al juzgado en julio pusieron en conocimiento de la Fiscalía el pasado mes de abril «las posibles responsabilidades de los dirigentes políticos [Gabriel Echávarri], y otros cooperadores [el personal de confianza]necesarios, sobre las presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos», según explicó el portavoz del PP, Luis Barcala. En respuesta, Echávarri se ofreció por escrito a declarar ante el fiscal con el objetivo de «agilizar» el proceso. Sin embargo, el Ministerio Fiscal por ahora no le ha citado.
