El próximo lunes 6 de noviembre, el pleno de Alicante celebrará una nueva edición del debate sobre el estado de la ciudad. Ésta será la segunda edición durante el presente mandato del tripartito. La primera de ellas, que tuvo lugar en octubre de 2016, el protagonismo recayó sobre la figura del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, quien optó por guardar un polémico silencio, renunciando a intervenir en los dos turnos de palabra acordados en la Junta de Portavoces. Tras el reparto de los turnos de palabra, Echávarri podía intervenir durante 15 minutos al inicio del pleno (donde finalmente habló la portavoz socialista, Eva Montesinos) y otros 10 para cerrar, pese a lo cual el alcalde no hizo uso de la prerrogativa y se limitó a hablar para "levantar la sesión", ante la sorpresa de los presentes, tras escuchar las intervenciones de los grupos y las posterior réplicas.

Con todo, el 6 de noviembre se celebrará el tercer debate monográfico de estas características en la historia de Alicante, después del que tuvo lugar el pasado año y del primero de todos, que se remonta a la etapa de la popular Sonia Castedo. En esa ocasión, en octubre de 2012, sin embargo, el debate se convocó a petición de la oposición (EU y UPyD), mientras que en las dos últimas ocasiones ha sido a iniciativa del propio tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís).

La fecha elegida para este próximo debate sobre el estado de la ciudad no ha estado clara hasta la junta de Portavoces que se ha celebrado hoy con motivo de la sesión plenaria prevista para este jueves. Echávarri ha propuesto celebrarlo el martes 10 de octubre, antes del inicio de la Volvo Ocean Race y coincidiendo con un pleno extraordinario previsto para ese mismo día. Sin embargo, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha instado a que la cita se retrase hasta la segunda semana de noviembre, alegando que era precipitada la convocatoria en dos semanas. En cambio, fuentes de la oposición deslizan que el interés de Compromís de retrasar la celebración del debate puede tener vinculación con los asuntos judiciales que pueden afectar a Echávarri, en alusión al presunto fraccionamiento de contratos y al despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. Ambos casos están siendo investigados por la justicia.