Un grupo de vecinos y comerciantes adscritos a la Plataforma Renfe han culminado esta semana una campaña de recogida de firmas con más de mil adhesiones en los barrios de Florida Portazgo, Pau 1 y Ciudad de Asís para reclamar al Ayuntamiento y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la limpieza de los terrenos liberados de las vías del tren entre el Puente Rojo y el cementerio. Un espacio que sirvió de escombrera durante las obras para construir la infraestructura para la llegada del AVE (allí siguen cascotes y balastro), y que en los últimos años se han convertido en una especie de vertedero donde se mezclan piedras, basura y vegetación descuidada, «gasolina» ante el riesgo de incendios.

Paralelamente a la campaña vecinal «que ha demostrado la unión de todos los vecinos», subraya Paqui Moya, una de las promotoras, también se está desarrollando una iniciativa en internet a través de la plataforma «Change Org» bajo el lema «Por un barrio digo» . La falta de conservación del paraje afecta a unos 10.000 vecinos que, incluso, cuando sopla el viento no pueden abrir ni las ventanas.

Los terrenos son propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que, según los vecinos, hace años que no mueve un metro de tierra aunque está obligado a su limpieza, según reza la ordenanza municipal aprobada el pasado febrero. Según ese texto, el Ayuntamiento de Alicante puede hacerse cargo de la limpieza y pasar luego la factura a Adif pero no lo ha hecho «porque ya sabemos que en esta ciudad Adif está blindado», subraya José María Hernández Mata, portavoz de la Plataforma Renfe.

Resultado: los terrenos que deben acoger el futuro parque central de Alicante se han convertido en una escombrera y nadie sabe ya si resolverá algún día. En esta legislatura ya no, según admitió, sincero, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, a finales de julio.

Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Alicante y Generalitat, socios de la empresa Alta Velocidad Alicante Nodo de Transporte (Avant) acordaron el pasado 20 de julio que Adif asumiera la deuda bancaria de la sociedad pública, que se cifra en 60 millones de euros y que había puesto Avant al borde de la liquidación, como recordó el propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en estas mismas páginas justo hace una semana.

De este modo, Adif y Adif Alta Velocidad abonarán a las entidades crediticias los importes pendientes cancelando la totalidad de la deuda vinculada a la obra, al tiempo que todos los socios financiarán, en función de su cuota de participación accionarial, la urbanización y los costes operativos de la sociedad. Los socios dotan así a la sociedad de liquidez suficiente para financiar, en función de su porcentaje accionarial, los costes de urbanización y operativos de acuerdo a las estimaciones realizadas por la propia sociedad.

Por su parte, los socios garantizarán, durante los próximos años, mediante aportaciones propias -en proporción a su participación en Avant-, la viabilidad de Avant y la ejecución de la actuación urbanística a planificar sobre los terrenos liberados, recuperando en el futuro estos fondos cuando se obtengan ingresos por los suelos sin efectos para las arcas públicas.

Urbanización del suelo

El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, debe tramitar el planeamiento urbanístico de la zona delimitando dos sectores: un primer sector en el que sea posible, a medio plazo, materializar gran parte del aprovechamiento urbanístico previsto, dejando para un momento posterior el segundo sector, en el que se incluye la zona de la actual estación.

Esta solución garantiza la ejecución de las obras de urbanización de los terrenos de la OI-2 para la creación de amplias dotaciones y espacios públicos entre la avenida de Salamanca y la Vía Parque y, a largo plazo, avanzar en la consecución del objetivo de ejecución de la nueva estación intermodal.

Para llevar a cabo estos acuerdos, los socios aprobaron en julio las bases y criterios para la modificación del convenio actual suscrito el 7 de mayo de 2003 y que deberá someterse a aprobación y autorización de los órganos internos de cada accionista. El texto del nuevo convenio o modificación debe ser el resultado de los acuerdos que las partes estimen oportunos a través de la formación de un grupo de trabajo en el que estarán representadas todas las administraciones que sean parte del convenio.

La sociedad Avant está participada por Adif (7,5%), Adif Alta Velocidad (30%), Renfe Operadora (12,5%), el Ayuntamiento de Alicante (25%) y la Generalitat (25%).