Los vecinos afectados por las nubes de polvo que puntualmente se generan en los muelles donde se mueven los graneles en el Puerto (cemento y clíncker) de Alicante se muestran escépticos ante el resultado del último informe de la Autoridad Portuaria sobre el impacto en la atmósfera de las partículas en suspensión que se producen en la carga y descarga de graneles. El Puerto admite que hacen falta todavía nuevos informes.
Según el Puerto, las estaciones medidoras certificaron el pasado 21 agosto que la actividad cumplía la normativa, algo que cuestionan los vecinos, según apunta José Santamaría, portavoz de la Asociación Gran Vía Sur-Puerto, "porque la mejor muestra de que la actividad sigue siendo nociva es el polvo que se acumula en el interior de nuestras viviendas. Ese es el medidor más exacto que tenemos".
Santamaría asegura, en este sentido, que "no tenemos confianza alguna en los resultados que publican y lo vamos a demostrar con informes periciales. Por otro lado, y en relación a las nuevas pantallas cortavientos instaladas en los muelles, los vecinos sostienen que no cumplen con el contenido de la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental. "Son tan abiertas como antes y no cerrada en forma de U como exige la autorización. Tampoco los montones de materiales tóxicos no están cubiertos con lonas ancladas como exige la autorización".
Lo cierto es que, de momento, desde el Consell aseguran que se ha notado un cambio de comportamiento en los rectores del Puerto al ir avanzando en la adopción de medidas. En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, justificó ayer en el consejo de administración que el Puerto no es una empresa y como Administración está sometida a unos trámites mucho más lentos que los de la empresa privada.
Con todo, en el Puerto esperan no tener que pagar finalmente la multa de 120.000 euros que le notificó el Consell a principios de agosto por el retraso en aplicar las medidas de control exigidas en noviembre de 2016.
