Una juez de Alicante investiga la denuncia del portavoz del PP Luis Barcala por el presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. La titular del juzgado de Instrucción número nueve de Alicante ha citado al portavoz municipal del PP para el próximo mes de octubre para que se ratifique en los términos de la denuncia que presentó a finales del pasado julio contra el alcalde Gabriel Echávarri.
La pelota estaba en un principio en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencias tras la primera denuncia de los populares. Paralelamente, en el Ayuntamiento se puso en marcha una comisión de investigación. Y por último, dos dirigentes vecinales presentaron una denuncia en la Fiscalía por el despido de la cuñada de Barcala del Ayuntamiento ante los indicios de que pudiera tratarse de algún tipo de represalia por todo lo anterior. En julio, el portavoz popular presentó una nueva denuncia por el fraccionamiento de contratos pero esta vez ante el juzgado que ya ha abierto diligencias por las supuestas irregularidades.
Barcala ha sido citado por la magistrada para ratificarse en los términos de la denuncia. Según lo que el concejal del PP manifieste en esta comparecencia, la titular del juzgado podría optar por continuar con la investigación y empezar a citar a responsables municipales o, por el contrario, archivar la denuncia si no ve indicios de delito.
Los hechos arrancaron el 4 de abril después de que el interventor del Ayuntamiento alertara de posibles irregularidades en el modo en que se habían tramitado las facturas de distintas campañas publicitarias del área de Comercio y que se habrían fraccionado como contratos menores por un montante total de 189.762 euros.
Las facturas habían sido agrupadas en tres bloques, como adjudicaciones menores y por importes inferiores a 18.000 euros. Ante los reparos de la intervención, el tripartito elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera un informe a fin de determinar si el Ayuntamiento había actuado correctamente.
El portavoz del PP Luis Barcala acudió en un primer momento a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar estos hechos, que llegó a abrir diligencias de investigación. Sin embargo, el pasado verano presentó una nueva denuncia directamente ante el juzgado. La decisión se tomó después de que en la comisión de investigación abierta por el Ayuntamiento, el interventor municipal asegurara que había indicios de fraccionamiento de los contratos. En caso de que la magistrada continúe con el procedimiento, la investigación del fiscal deberá cerrarse para continuar directamente en el órgano judicial. En las pesquisas de Anticorrupción se reclamaron al Ayuntamiento la documentación y las facturas de los contratos bajo sospecha.
La denuncia fue presentada por los populares el 18 de abril en Anticorrupción contra el alcalde, que era responsable del área de Comercio y de la que se apartó a raíz de estos hechos, por prevaricación. Según el escrito presentado en la Fiscalía, Echávarri sería el autor del delito, toda vez que «es la persona que procede a la firma y a la autorización de las facturas, consumando el fraccionamiento de los contratos». Asimismo, dejaba abierta la posibilidad de ampliar a terceros intervinientes en calidad de cooperadores necesarios, al entender el PP que, sin su intervención, no podrían haberse producido estas contrataciones. El alcalde siempre ha defendido la actuación municipal, negando que se fraccionaran facturas y desviculándose de prácticas corruptas.
