20 de septiembre de 2017
20.09.2017

El funcionario que redactó el despido de la cuñada de Barcala declara al fiscal que se lo mandó el alcalde

El funcionario asegura que el primer edil le emplazó a realizar el decreto mientras el concejal de Personal se encontraba de vacaciones

22.09.2017 | 04:30
El concejal de Personal, a la derecha, con su abogado el día que declaró en la Fiscalía.

El Ministerio Público solicitará nuevas diligencias antes de decidir si llama a declarar a Gabriel Echávarri.

El funcionario que redactó el decreto por el que se despidió del Ayuntamiento de Alicante a Catalina Rodríguez, cuñada del portavoz del PP en la corporación Luis Barcala, declaró ayer en la Fiscalía que fue el alcalde Gabriel Echávarri quien le dio la orden de confeccionar el documento, según confirmaron ayer a este diario fuentes municipales. El teniente fiscal de Alicante, José Llor, está investigando las circunstancias en las que se produjo el despido de la trabajadora (que fue readmitida en su puesto a los diez días) y si se trató de una represalia por parte del primer edil después de que Barcala llevara a la Fiscalía una denuncia por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio.

El concejal de Personal del Ayuntamiento, Carlos Giménez, ya tuvo que ir a declarar ante la Fiscalía en calidad de investigado hace dos semanas sobre las circunstancias del despido y ayer fue citado como testigo el funcionario que redactó el documento. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el técnico ha asegurado que el edil se encontraba de vacaciones y que el alcalde quien le llamó para encargarle el documento de despido. Tras el interrogatorio de ayer, el fiscal va a pedir nuevas diligencias para tratar de determinar si ha podido haber alguna actuación presuntamente delictiva, antes de barajar si llamará o no a declarar al alcalde, Gabriel Echávarri. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que se valorará la posibilidad de que Echávarri declare en el juzgado, en el caso, claro está, de que finalmente la Fiscalía vea indicios de delito en su actuación.

El alcalde de Alicante ha venido negando represalia alguna en el despido y argumentaba que el trabajadora de la técnico interino ya había acabado y que se estaba acometiendo una reestructuración. Sin embargo, posteriormente a través de las redes sociales el propio Echávarri admitió que se trató de una represalia.

Presunta prevaricación

Estos hechos no fueron denunciados por el PP, sino por los dirigente es vecinales José Luis Valdés y José María Hernández Mata. El despido se produjo a los pocos días de una denuncia presentada por Barcala por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. Los representantes vecinales consideraban que había una presunta prevaricación porque el alcalde Gabriel Echávarri había confirmado que conocía que había una situación ilegal sobre la situación de los interinos del Ayuntamiento. De hecho, sólo fue despedida una persona, familiar del portavoz municipal del PP, aunque ante el rechazo a esta medida por parte de la Junta de Personal del Ayuntamiento y de sus propios socios de gobierno, y tras aprobarse una moción del PP en el pleno instándole a la readmisión, Echávarri dio marcha atrás y anunció que el despido quedaría sin efecto y que la situación de los interinos se abordaría de forma conjunta. Desde el Ministerio Público, se solicitó antes del verano al Ayuntamiento documentación del expediente del despido de la trabajadora.

Paralelamente, la Fiscalía investigaba también a Echávarri, por el presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. Esta denuncia está a expensas de lo que ocurra con la otra presentada posteriormente por el propio Barcala directamente ante un juzgado de Alicante. En el caso de que se admita a trámite, la Fiscalía Anticorrupción deberá inhibirse y trasladar toda su investigación a la jueza para que continúe allí. Antes de cualquier decisión sobre la admisión a trámite, Luis Barcala deberá ir al juzgado para ratificarse en los términos de su denuncia.

Los hechos arrancaron el 4 de abril después de que el interventor del Ayuntamiento alertara de posibles irregularidades en el modo en que se habían tramitado las facturas de distintas campañas publicitarias del área de Comercio y que se habrían fraccionado como contratos menores por un montante total de 189.762 euros. Las facturas habían sido agrupadas en tres bloques, como adjudicaciones menores y por importes inferiores a 18.000 euros. Ante los reparos de la intervención, el tripartito elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera un informe a fin de determinar si el Ayuntamiento había actuado correctamente.

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