El magistrado que investiga si hubo irregularidades en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Alicante a la mercantil Isjoma de la contrata de las instalaciones festeras ha dado un plazo a la Policía de dos días para que le entregue un informe que pidió hace más de un año. Eso o que en ese mismo periodo de tiempo le diga por qué no lo han presentado, según consta en un providencia de la que ya tienen conocimiento las partes.
La información que requirió el instructor el 31 de agosto del año pasado busca saber si ha habido incremento patrimonial en el caso de Víctor López, el técnico de Atención Urbana investigado en este proceso, o de cualquiera de los miembros de su familia. El juez reclamó estas pesquisas como complemento de unas anteriores después de que no le cuadraran los datos sobre las posesiones de López. En la unidad familiar aparecían varios inmuebles, tanto en Alicante como en otras localidades de la provincia, plazas de garajes, tierras rústicas y acciones en dos mercantiles: Soluciones Hídricas Subterráneas S. L. y Altea Gen 79 S.L., la primera constituida en 2006 y la segunda en 2010.
