El Ministerio de Hacienda, a través del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ha dado la razón al Ayuntamiento de Alicante tras los recursos interpuestos en mayo, poco antes del inicio de la huelga del servicio, por considerar «ilegal» el pliego de condiciones del contrato del servicio de Salvamento y Socorrismo de Alicante. En la resolución, con fecha del 8 de septiembre, el tribunal decide levantar la suspensión provisional decretada a principios de junio tras la interposición de los recursos contra el proceso abierto desde la Concejalía de Turismo, dirigida por la socialista Eva Montesinos.

En su dictamen, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales da por «desistido» el recurso presentado por el Comité de Empresa de la última adjudicataria, a través del sindicato CSIF, por un defecto de forma, ya que «no queda acreditado que la persona que ha presentado el recurso ante el tribunal ostente la representación de quien dice ser el recurrente». Con todo, en el texto se incide en que «las cuestiones suscitadas en el recurso tienen en buena medida respuesta en la resolución». En la resolución, el tribunal también desestima el recurso interpuesto por Sanea 2008, al descartar los motivos de impugnación incluidos en la denuncia, entre ellos, «el margen de maniobra» de los potenciales licitadores. «Los costes de personal son una parte sustancial de los del contrato (91%), pero sigue habiendo margen para formular, sin afectar a las partidas de aquellos, una propuesta económica por debajo del umbral de licitación», refleja el escrito que también descarta que el pliego «infravalore los costes reales de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social».

Así, el tribunal da vía libre a que la licitación del contrato vuelva a reactivarse, al recordar que la resolución es «definitiva» en la vía administrativa, aunque recuerda que cabe interponer recurso en el TSJ de la Comunidad en un plazo máximo de dos meses.