El Ayuntamiento y el grupo municipal del PP están citados este martes (10 horas) ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante tras la denuncia interpuesta por los populares en contra del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local para el cambio de nombre de más de cuarenta calles y plazas por su vinculación al franquismo y en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. La justicia, a principios del pasado mes de enero, decretó la paralización provisional de la modificación del callejero de Alicante, lo que obligó al tripartito de Alicante a volver a reponer las placas ya retiradas, entre ellas, algunas tan simbólicas como la División Azul. Ante la juez esta previsto que declaren los abogados del Ayuntamiento de Alicante y del Partido Popular, mientras que está anunciada la presencia de la concejala de Memoria Histórica, María José Espuch (Compromís) y puede que también acuda el edil de Estadística, Daniel Simón (Guanyar).

El PP llevó a los tribunales el acuerdo del tripartito de Alicante, que no pasó por el pleno municipal, para modificar el nombre de calles y plazas de la ciudad «por considerar que no se cumplían los requisitos de la Ley de Memoria Histórica». El PP planteó en sus alegaciones «que algunos cambios no están justificados como el de la plaza de Calvo Sotelo, así como que el acuerdo de cambio de nombre de vías públicas debió adoptarse en pleno municipal por tratarse del órgano competente, como consta en el acuerdo plenario por el que se creó la Comisión Municipal de Memoria Histórica». Además, el PP alertaba del posible «perjuicio económico» para los comerciantes afectados por la medida impulsada por el tripartito y el daño moral «de difícil reparación» para los vecinos, a quienes «no se ha consultado» la modificación del nombre de las calles.

Mientras la Justicia estudiaba la posible suspensión cautelar reclamada por el PP, a mediados de diciembre el tripartito inició el cambio de nombre de las calles franquistas. La primera de las vías modificadas fue la avenida Adolfo Muñoz Alonso, en el barrio de San Blas, que fue elegida por la comisión de la Memoria Histórica para ser rebautizada como «Las 27 constituyentes», en homenaje a las diputadas que lograron un escaño en las elecciones a las Cortes constituyentes de 1977. Entre ellas estaban Dolores Ibárruri «La Pasionaria» o Soledad Becerril, entre otras. A finales de diciembre, cuando el tripartito aceleró el cambio de nombre a las calles franquistas, los populares denunciaron las "prisas" del equipo de gobierno para modificar el callejero antes de que el juez se pronunciase tras admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo, que provocó la colocación de paneles con errores de escritura, como sucede en la calle "Institución Libre de Enseñanza", antes conocida como Fernando Madroñal en su tramo frente a las piscinas de las antiguas cocheras.

El pasado mes de marzo, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ordenó a sus socios de gobierno de Guanyar y Compromís, responsables del procedimiento de cambio de nombre de las calles franquistas, la reposición inmediata de las placas decretado por un juzgado de Alicante. La decisión del regidor socialista se debió a que el plazo máximo del que dispone la administración para ejecutar un auto judicial es de dos meses, según reconocía el propio alcalde, y el de calles franquistas se dictó el 12 de enero. Echávarri tomó esa decisión para no incurrir en irresponsabilidad frente al juzgado.