El Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, -integrado por Concapa, de padres de la concertadas, Covapa, de padres de la pública (Fapa Gabriel Miró de Alicante, Fapa 9 d’Octubre de Valencia y la Fapa Humanista Manuel Tarancón de Castellón) y la asociación Idiomas y Educación-, convocará en breve a entidades que han recurrido el decreto en el Tribunal Superior de Justicia, y a partidos políticos en contra de la imposición lingüística del Consell, con "el objetivo de vertebrar un plan ante el caos reinante en el sistema educativo y la desobediencia del conseller de Educación, Vicent Marzà, a la suspensión cautelar dictada por el TSJ haciendo uso de un decreto ley".

"En este inicio de curso nos encontramos con que muchos centros están cambiando lenguas vehiculares, lenguas bases, mientras las familias se han visto abocadas a realizar compras de libros, incluso compras masivas realizadas por los centros bajo el paraguas del proyecto Xarxa Llibres, que se ha convertido en un instrumento complementario en la imposición de lenguas. La Consellería, que ha tenido más de tres meses para dar instrucciones a la comunidad educativa sobre la suspensión cautelar, ha desobedecido al TSJ, tribunal que ya ha advertido a Marzà por su inacción", afirman desde el Foro.

Según la nota de prensa emitida por el Foro, "la última medida del Consell para sortear la decisión del TSJ -el decreto ley- no permite recursos ordinarios, pero no habría sido necesaria si se hubiera organizado un procedimiento de escolarización alternativo u otra vía para que los padres recuperasen el derecho a escolarizar con la prioridad correcta, según el decreto 2012. Un ejemplo sencillo podría haber sido un procedimiento de movilidad de alumnos flexibilizando las ratios de ocupación de aula en algunos centros."

"El Foro manifiesta claras intenciones de orientarse a la solución política del plurilingüismo, ya que estamos a menos de dos años de las elecciones. Ante la última decisión de la Generalitat para culminar su dictadura lingüística, el Foro propone un plan que combina acciones judiciales y de comunicación. Por otra parte se instará a la participación de los partidos políticos para aunar fuerzas y que realicen acciones dentro de su competencia y en las que tienen potestad para frenar el último decreto ley. Para ello se convocarán a entidades relevantes que se han manifestado en contra del decreto y a partidos políticos en las Cortes, PP y Ciudadanos, y poder concretar una hoja de ruta de actuaciones. También se planea incorporar a otros partidos sin representación en las Cortes que están en contra de la imposición lingüística en posteriores reuniones. El objetivo es instar a que cada partido vaya exponiendo detalles sobre los futuros planes de plurilingüismo a aplicar si dentro de dos años se encuentran en el gobierno de esta comunidad".

A corto plazo, el Foro prevé nuevas denuncias y recursos judiciales, como la interposición de una demanda en el TSJ, al tiempo que informará a la comunidad educativa y a toda sociedad civil sobre las propuestas de cada partido "para que en las elecciones de mayo de 2018 voten acorde a sus intereses".