La Fiscalía va a seguir investigando cómo se gestó el decreto por el que se despidió a la trabajadora municipal Catalina Rodríguez, cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, que a los diez días fue readmitida. El Ministerio Público ha decidido continuar indagando las circunstancias que rodearon la salida de esta mujer del Consistorio el pasado abril después que ayer prestara declaración durante algo más de un hora Carlos Giménez, concejal de Personal y firmante del decreto. Una declaración cuyo contenido no ha trascendido.
No obstante, el teniente fiscal José Llor ha citado ya al técnico que redactó el documento, quien comparecerá en las próximas semanas en calidad de testigo, según apuntaron fuentes municipales que no descartan que el siguiente en desfilar ante el fiscal sea el propio alcalde, Gabriel Echávarri. No en vano, el expediente que desde el Ayuntamiento se remitió a la Fiscalía antes de verano no parece dejar lugar a dudas acerca de que fue el primer edil quién ordenó el cese de la actividad de la cuñada de Barcala.
El despido de esta trabajadora municipal, adscrita al área de Cultura, se produjo casi a continuación de que Barcala denunciara al regidor por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, unos hechos por los que el fiscal Anticorrupción abrió diligencias.
Aunque desde la Alcaldía se negara en un principio que el despido obedeciera en realidad a un represalia por la denuncia de Barcala y se argumentara que el trabajo de la técnico interino ya había acabado, además de que se estaba acometiendo una reestructuración, fue el mismo Echávarri quien admitió en las redes sociales que se trató de una venganza por la actuación de Barcala.
Denuncia vecinal
Mientras que la investigación sobre el supuesto fraccionamiento de los contratos partió de esa actuación de Barcala, las diligencias acerca del despido de la trabajadora no se pueden atribuir al PP sino a una denuncia presentada por los representantes vecinales José María Hernández Mata y José Luis Valdés. Los denunciantes consideraban que había una presunta prevaricación.
Aunque en un momento de esta polémica Echávarri hizo alusión a la situación de ilegalidad en que se encontraban los interinos del Ayuntamiento (condición en la que estaba la cuñada del portavoz popular) para justificar el despido, lo cierto es que ella fue la única a la que se le rescindió el contrato. No obstante, tras el rechazo a esta medida por parte de la Junta de Personal del Ayuntamiento y de los propios socios de gobierno de Echávarri, y tras aprobarse una moción del PP en el pleno instándole a la readmisión, el alcalde dio marcha atrás y anunció que el despido quedaría sin efecto y que la situación de los interinos se abordaría de forma conjunta.
Paralelamente, la Fiscalía investiga también a Echávarri por el presunto fraccionamiento de contratos de Comercio. En este caso, los hechos se remontan al 4 de abril después de que el interventor del Ayuntamiento alertara de posibles irregularidades en el modo en que se habían tramitado las facturas de distintas campañas publicitarias que se habrían fraccionado como contratos menores por un montante total de 189.762 euros. Las facturas habían sido agrupadas en tres bloques como adjudicaciones menores y por importes inferiores a 18.000 euros. Ante los reparos de la intervención, el tripartito elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera un informe a fin de determinar si el Ayuntamiento había actuado correctamente. Aún no ha habido respuesta.
