CC OO denunciará ante la Inspección de Trabajo que el Ayuntamiento comete fraude en la contratación por el sueldo de los contratados mediante el Plan de Garantía Juvenil de la Generalitat. El sindicato asegura que el consistorio está contraviniendo el Estatuto de los Trabajadores, el cual señala, según añade, que en los contratos de prácticas los empleados cobrarán al menos el 60% del salario previsto en la empresa para el puesto que desempeñen. La organización insiste en que los contratados por este programa están percibiendo menos de lo que les correspondería.

El Plan de Garantía Juvenil, desarrollado por el gobierno autonómico a través del Servef, ha supuesto la contratación de 176 personas. Desde CC OO recalcan que han defendido desde el inicio «un salario justo» para ellos, así como «el cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, norma de derecho mínimo necesario». Por este motivo, aprovecharon la segunda modificación de los presupuestos para presentar alegaciones, pidiendo que a través de las arcas municipales se completara ese 60% del salario que señalan que estos trabajadores deberían percibir. El problema, sin embargo, era que al paralizar la modificación presupuestaria se ponía en riesgo la aprobación de una partida de 23 millones de euros a inversiones sostenibles.

Ayer, la Comisión de Hacienda rechazó esas alegaciones, con los votos de PSOE y Compromís. Por su parte, Guanyar y los grupos de la oposición se abstuvieron. El resultado que realmente importa es el que se dé en el pleno del jueves, donde debe aprobarse la modificación presupuestaria, pero lo ocurrido ayer da indicios de que las alegaciones de CC OO se rechazarán finalmente. Mientras tanto, desde la concejalía de Hacienda señalaron que, para poder optar al Plan de Garantía Juvenil, el interventor municipal hizo un informe en el que autorizaba sumarse al programa siempre y cuando no supusiera ningún gasto más para el Ayuntamiento.

CC OO ha solicitado intervenir en el pleno del jueves, para explicar su postura en torno al tema. El sindicato reitera que el Estatuto de los Trabajadores es «un derecho indispensable». Guanyar, mientras tanto, señala que «comparte el sentido» de las alegaciones del citado sindicato, ya que el cobro del 60% de salario es «un agravio comparativo que debe evitarse explorando la posibilidad de una nueva modificación presupuestaria que el equipo de gobierno sigue estudiando».