Más de 42 millones de euros. Es el beneficio que, según el Ayuntamiento de Alicante, habría obtenido el empresario Enrique Ortiz de haberse aprobado el planeamiento por el que está procesado (junto a los dos últimos alcaldes populares de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros) y del que el Consistorio acabó desistiendo ante la sospecha de que el plan se hubiera amañado para favorecer los intereses del promotor.
Ha sido la Concejalía de Urbanismo la que ha realizado este cálculo tras ser solicitado por el letrado José María López Coig, que representa al Ayuntamiento como acusación particular en el proceso que se sigue por estas presuntas irregularidades. Con ello, el abogado pretender probar que si al final Ortiz no obtuvo ganancias con el plan investigado (uno de los argumentos en los que basa su defensa) fue porque no se aprobó definitivamente y, por tanto, no se pudo ejecutar. No porque no se hiciera lo necesario para que así fuera.
Para llegar a la conclusión de que el empresario se habría embolsado 42.100.911 euros gracias a los «apaños» que tanto Alperi como Castedo habrían ido introduciendo en el planeamiento (a cambio de prebendas, según los investigadores y las acusaciones), el Ayuntamiento se centra en la diferencia de valor de las parcelas cuya propiedad se atribuye a Ortiz entre el plan vigente de 1987 y el aprobado provisionalmente en 2010 en el supuesto de que hubiera obtenido la luz verde definitiva, lo que no ocurrió.
El informe elaborado por la Concejalía que dirige Miguel Ángel Pavón se ha centrado en 31 parcelas que se encuentran en cinco zonas diferentes del municipio: la Condomina, Fontcalent, Fondo de Piqueres (el entorno de Rabasa), el Saladar y Lomas del Garbinet. Terrenos que en el planeamiento del 1987 «están clasificadas como Suelo no Urbanizable, es decir, preservadas del proceso urbanizador y carentes de aprovechamiento urbanístico», según recoge el informe que se ha incorporado a la causa que instruye el magistrado Manrique Tejada, quien ya dictó auto de procesamiento.
A estas parcelas, según precisa el citado informe, «el plan general revisado de 2010 sí les había atribuido aprovechamiento urbanístico, bien directamente porque se las ha reclasificado como Suelo Urbanizable o bien, indirectamente, porque a pesar de mantener la clasificación de Suelo no Urbanizable las ha adscrito a unidades de ejecución discontinuas para obtener parques públicos naturales».
Para determinar el momento en que se ha caculado la valoración de estos terrenos «se ha considerado oportuna la remisión a los plazos marcados por la ley (...) por lo que se ha tomado en cuenta como supuesta fecha de aprobación definitiva del Plan General la del 1 de febrero de 2011».
El pelotazo de Fontcalent
Una vez analizadas las nuevas valoraciones, el informe concluye que sería en Fontcalent donde el promotor habría logrado el mayor pelotazo al revalorizarse los terrenos que el informe de Urbanismo le atribuye en esta partida en casi 23 millones. Unas ganancias a las que habría que sumar los más de 14 millones y medio contabilizados en el suelo de La Condomina, siempre y cuando el plan se hubiera aprobado. Comparadas con estas cantidades, lo logrado en Las Lomas del Garbinet (algo más de cuatro millones) y el poco más de medio millón en el Saladar no dejan dejar de ser cifras más que discretas.
En el caso concreto de las parcelas de Fontcalent destaca el informe que «el dato de mayor relevancia es su inclusión total o parcial en la zona verde de red primaria Parque Natural denominado Fontcalent».
El estudio cifra en 8.407.677 millones el valor de las parcelas con el plan actualmente en vigor, dato que de haberse aprobado el planeamiento bajo sospecha se habría elevado hasta los 50.508.589 millones de euros, según el documento.
