La memoria de la primera fase del Plan de Acción contra el Ruido en carreteras de la Generalitat incide en la complejidad de muchas de las actuaciones necesarias y de la incapacidad de poder llevarlas todas a cabo a corto plazo. Éste es uno de los motivos por los que se alude a un seguimiento continuo de los tramos afectados, viendo aspectos como las variaciones en el tráfico y en los niveles sonoros, así como las posibles quejas por contaminación acústica. Además, se debe revisar al menos cada cinco años, por lo que, en teoría, esto se tendría que hacer en 2018.

Desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio indican que todos los proyectos contemplados en el conjunto de la primera fase se hallan ya licitados, y 24 se encuentran en distintas fases de redacción, sin especificar cuántos de ellos exactamente corresponden a la demarcación alicantina. En algunos lugares, como en la CV-821 en el entorno de la Universidad de Alicante y en Sant Joan, en la misma primera fase del plan se recordaba que las rotondas contribuyen a paliar los efectos del tráfico, así como el tipo de asfalto instalado desde un principio, pero que esto no resulta suficiente para acabar con el problema. De la segunda fase, dado que se acaba de aprobar, todavía no se ha desarrollado ninguna actuación.

El hecho de que las zonas más afectadas por problemas de ruido, según estos documentos de la Conselleria, se correspondan con la Vega Baja y puntos concretos de los entornos de Alicante, Dénia y Benidorm obedece por una parte, como es lógico, a que en ellos hay un gran volumen de tráfico, pero también el hecho de que en esas zonas haya más carreteras gestionadas por la Generalitat. En este sentido, cabe recordar que hace tres años el Consell traspasó a los ayuntamientos la titularidad de decenas de kilómetros de vías que discurrían por entornos urbanos, en gran parte de los cuales hay un intenso volumen de tráfico que ya no se recoge en las estadísticas del gobierno autonómico.