«Parsimonia» es la palabra que podría definir la actitud de la Conselleria de Educación en este arranque de curso. Primero, en el sentido popular del término, porque la presión ejercida desde enero hasta julio por oposición, sindicatos y ampas no ha hecho que su conseller, Vicent Marzà, haya hablado antes de lo que tenía previsto a pesar de que se le acusaba de crear el caos con su silencio a las puertas del nuevo curso.

Y, segundo, parsimonia también en el sentido científico de la palabra: tras despedirse en julio con la suspensión cautelar del decreto que iba a regular el uso de las lenguas vehiculares en cada uno de los 1.500 centros públicos de enseñanza no universitaria de la Comunidad, aparece el 1 de septiembre con una fórmula sencilla que parece resolver sus problemas con la justicia sin costarle el apoyo de sus correligionarios ni, y esta es la clave, inflamar a una comunidad educativa que empezaba a ponerse muy nerviosa: hasta el viernes, nadie sabía exactamente en qué lengua se iban a dar las asignaturas en su centro este año.

Horas después estaba todo ya bastante claro, al menos para la Conselleria. La fórmula elegida para evitar la confusión de cientos de miles de personas es un decreto-ley; un formato legal reservado para asuntos tan importantes como urgentes que por su carácter indispensable aplasta a los rivales políticos y a la justicia autonómica al prever que oponerse a él sea un asunto nacional: para frenarlo se necesita el apoyo del Gobierno o del Congreso.

Así es como la fórmula de Marzà reduce a «corto plazo» la confusión de toda la comunidad educativa a la de sólo un centenar de colegios e institutos.

Antecedentes

El pasado curso 2016-2017 estuvo marcado por la aprobación a finales de enero del llamado decreto de plurilingüismo, una norma que redistribuía el número de horas de clase en las dos lenguas cooficiales fijado en el anterior decreto plurilingüe, de 2012, en beneficio claro del valenciano.

El plan inicial de Marzà -el decreto es su proyecto político principal- anulaba el sistema de dos líneas -más horas de castellano que de valenciano y viceversa- e implantaba uno de seis itinerarios o niveles con un reparto más equilibrado de las horas.

No obstante, incorporaba un truco político que fue denunciado por el PP, la Diputación de Alicante, los sindicatos USO y CSIF y varias agrupaciones de madres y padres de alumnos con gran implantación en Alicante: se utilizaba el tercer idioma, el inglés, como reclamo para atraer a los alumnos a los niveles con más clases en valenciano -llamados intencionadamente «avanzados»-: los estudiantes de estos programas no sólo recibían más horas del idioma de uso internacional que los de castellano -agrupados en los niveles «básicos»-, sino que recibían una acreditación como hablantes de valenciano de nivel C1 y B1 de inglés al terminar el Bachillerato.

La estratagema de los nacionalistas moderados de Compromís indignó al centroderecha y a los padres de entornos castellanohablantes -concentrados en la mitad sur de Alicante y comarcas valencianas de interior-: bombardearon al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad con recursos en contra del decreto.

El proyecto del Consell, sin embargo, ya había empezado a cambiar el escenario lingüístico de la enseñanza autonómica entre marzo y junio: todos los centros públicos empezaban a tramitar su preinscripción en un proyecto lingüístico -uno de los seis niveles- para implementarlo en el centro según el calendario fijado por el departamento de Marzà: Educación Infantil adoptaría el sistema en septiembre de 2017 como pionera de un proceso progresivo que culminaría en 2023 con la entrada de los alumnos de Bachiller.

Según el decreto, hasta que llegase su año cada curso mantendría el statu quo: la línea de castellano o la de valenciano. No obstante, aquellos centros que quisiesen adelantarse al calendario podían aplicar el nuevo programa de plurilingüismo desde este mismo mes de septiembre.

Pero la mayoría de las protestas prosperaron y el TSJ terminó suspendiendo el decreto de forma cautelar el 23 de mayo, sin variar su postura en todas las respuestas que dio a los recursos de la Conselleria. El 31 de julio Educación sale de vacaciones sin aclarar cómo va a obedecer al tribunal y a reorganizar el idioma de las clases. Dejó el terreno sembrado para que florecieran las certezas de que el caos aguardaba a la comunidad educativa en septiembre.

Decreto ley

Sin previo aviso, Marzà compareció el viernes tras la reunión del pleno del Consell para informar de que se había aprobado un decreto ley para garantizar que el curso arrancase «con la mayor normalidad posible».

El nuevo texto, por lo que avanzó, es una versión «light» del anterior que renuncia a la mayor parte de sus propuestas iniciales para poder estar en el arranque de curso. Marzà acepta la censura -los puntos que han hecho que el TSJ suspenda el decreto- para poder llegar al día del estreno como prometió a sus espectadores más fieles.

Consciente quizá del valor simbólico de sus avances en la mejora de la situación del valenciano a principios de año-el 54% de todos los centros de enseñanza se preinscribieron en los niveles que ofertaban el máximo de esta lengua-, Educación trata de ganar tiempo y de tomar la iniciativa con este decreto ley, de vigencia restringida al inminente curso escolar y de alcance limitado a los alumnos de dos y tres años de Infantil.

El resto de cursos «vuelven a la situación del año anterior», como confirmó a este diario Miguel Soler, secretario autonómico de Educación. Al decreto de líneas.

Para poder llevar la voz cantante pese a los escollos en este arranque de curso, la Conselleria ha tenido que renunciar a los certificados de idiomas que premiaban al estrato avanzado. Además, ha sustituido los seis niveles por tres programas, A, B y C, con diferente proporción de horas de valenciano y castellano que, eso sí, comparten el mismo número de horas de inglés.

Esta medida evita tanto nuevos agravios comparativos como que se deba abrir un nuevo periodo de matriculación: A, B y C se corresponden en horas y lengua con los seis niveles del decreto anterior, donde los padres matricularon a los niños de Infantil en el mes de julio. Educación presenta así su decreto ley como la única manera de evitar el caos seguro que tendría lugar si hubiese que repetir las matrículas a una semana de empezar las clases.

A día de hoy, sin conocer consecuencias políticas y jurídicas, con Infantil protegido por la medida adoptada el viernes y el resto de cursos confirmados en su línea lingüística de 2016-2017; lo que iba a ser un caos se ha convertido en mera incertidumbre para minorías y casos particulares. «El decreto ley es un ejemplo de cómo compaginar las cosas. Ahora damos las mismas horas de inglés en los tres programas y el mismo número de horas de castellano y de valenciano que han elegido las familias en la matrícula de Infantil», explicó Soler a este diario.

Casuística

En la estrategia de Educación se asume encajar algún golpe a consecuencia de aprobar el decreto ley. Marzà «sacrifica», al crearles inseguridad, a los centros que voluntariamente iban a adoptar desde este mes el plurilingüismo. La obligación de volver al statu quo de 2012 deja a muchos de estos centros sin margen para adaptarse a la falta de libros o profesores.

«Es cierto que hay colegios que dejaban la doble línea de castellano y valenciano para integrarse en el nivel avanzado -y por tanto daban el máximo de la lengua exclusivamente autonómica-, pero es una casuística que afecta sólo a 100 de los 1.500 centros, una gran minoría», apuntó Soler.

El segundo de la Conselleria aseguró que «ya se han previsto fondos» para cubrir la insuficiencia de libros, tanto en castellano como en valenciano, que pudiesen faltar en el banco de los centros. Esta es una de las principales preocupaciones, o argumentos, de las ampas contrarias al plan lingüístico del Consell, cuyos representantes han manifestado incluso disposición a denunciar a sus dirigentes por adquirir libros con fondos públicos sin tener garantías de la aplicación del plan.

Soler acepta que haya habido incertidumbre estas semanas, pero elude la responsabilidad principal y señala al TSJ: «Hemos esperado todo el mes de agosto a que nos indicara cómo proceder tras la suspensión. Ante el silencio, hemos decidido actuar».

Ve este curso como un retraso que permitirá recortar flecos y buscar mayor consenso para su proyecto lingüístico, que nunca ha dejado de ser una meta irrenunciable. «A finales del próximo marzo todo debe estar aclarado para que en junio todo el mundo tenga claro el modelo lingüístico. Puede haber debate, pero no puede ser eterno», sentenció Soler.