«En pleno año 2017 tenemos a personas con problemas de movilidad encerradas en casa. Son presos en su propio domicilio». Para llegar a esta conclusión, desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) consideran que «se ha hecho lo mínimo» por cumplir la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. El presidente de COCEMFE Alicante, Antonio Ruescas, tiene muy claro que «nadie se ha tomado en serio cumplir el reglamento. Lo veían como muy largo, como que alguien ya haría algo. Y lo cierto es que la gente no se ha puesto las pilas».
En opinión de Ruescas, «otra vez más se ha promulgado una buena normativa que sigue sin cumplirse. Los políticos hacen la normativa, la publican, están obligados a cumplirla y no la van a cumplir». Ante este panorama, Ruescas piensa que «ahora vendrán los 'madres mías' y las lamentaciones». A partir del 4 de diciembre de este año, las gran diferencia es que las asociaciones de discapacitados «tendremos una herramienta legal que nos permitirá denunciar casos flagrantes de incumplimientos de la ley. No nos gusta esta posibilidad, pero por su culpa, por culpa de los políticos, la posibilidad de denunciar ante la Administración de Justicia estará ahí».
Además, puestos a hablar de quien tiene la culpa de que existan tantas barreras arquitectónicas, Ruescas insiste en que «culpables son todas las administraciones, el Gobierno Central, al Autonómico, la Diputación y los ayuntamientos».
Subvenciones tardías
Para COCEMFE, la falta de avances en materia de accesibilidad no ha sido por falta de recursos. «Se han concedido subvenciones pero no ha habido ni voluntad política ni implicación». Ruescas reconoce que tanto la Generalitat como la Diputación tienen abiertas líneas de ayudas, aunque en su opinión, « son medidas que llegan tarde». Como ejemplo, menciona las ayudas del Plan de RENHATA, lanzado por la Conselleria de Vivienda, dotado con 3 millones de euros y que ofrecía ayudas directas a usuarios para reformas de baños, cocinas y obras de accesibilidad. «Muchos afectados se han quedado fuera de las ayudas porque, para empezar, se pedía un proyecto técnico inicial, y para mucha gente es un freno gastarse un dinero sin saber luego si ten van a dar una subvención para adaptar tu casa».
Ruescas sitúa otro ejemplo en la ciudad de Alicante. «Se han hecho rebajes en calles, mejoras en el transporte urbano, donde se ha invertido mucho dinero, pero sigue habiendo muchas deficiencias en edificios públicos y en barrios». Una deficiencia importante se encuentra en algunos centros deportivos, en «piscinas públicas donde no hay grúa de acceso para entrar en el agua, o en pistas deportivas que no se puede acceder ni a los vestuarios ni a las gradas, donde no podemos hacer deporte ni podemos acudir como espectadores».
Respecto a los comercios o a las viviendas privadas, Ruescas manifiesta que, además de cumplir la ley, «hay que concienciarse porque en un futuro, nadie sabe quién tendrá la movilidad reducida, si tú o tu vecino».
Moratoria
En el horizonte, ya se empieza a pronosticar una posible moratoria para que el cumplimiento de la ley sea el mayor posible. «Viendo el panorama, no nos extrañaría, porque los mismos que no han eliminado barreras ahora son los que pueden prolongar el plazo para quitarlas», avanza Ruescas.
Para el máximo responsable de COCEMFE en la provincia de Alicante, «en las grandes ciudades se ha hecho algo más, pero en los municipios pequeños falta mucho por hacer. Vamos a seguir teniendo muchos pueblos inaccesibles y muchos espacios donde no podremos entrar». Para Antonio Ruescas, «la accesibilidad empieza a notarse cuando nos la creemos, no cuando nos la imponen».
