28 de agosto de 2017
28.08.2017
Momentos de Alicante

Laboratorio Químico Municipal

29.08.2017 | 01:26
Laboratorio Químico Municipal

Aunque el miedo a las epidemias motivó desde la Edad Media la implicación de las autoridades en la salud pública, no fue hasta el siglo XIX, con la aparición del higienismo, cuando los gobernantes comenzaron realmente a preocuparse por la salud de las ciudades y de sus habitantes.

El higienismo nació de la mano del liberalismo, considerándose su principal fuente la obra del médico vienés J. P. Frank titulada «La miseria del pueblo, madre de enfermedades», publicada en 1790.

En España, la doctrina higienista empezó a sentirse a principios del siglo XIX, con la prohibición de inhumaciones en las poblaciones y la obligación de construir cementerios a cierta distancia de las mismas; después se determinaron condiciones de salubridad mediante la instalación de agua corriente, alcantarillados, recogidas de basura, etc.; y hacia mediados de siglo comenzaron a vigilarse con más detenimiento las condiciones de producción y consumo de alimentos.

En Alicante, esta vigilancia de la producción y consumo de alimentos, para evitar el fraude alimentario, se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX, utilizando la química.

Si en la «Ordenanza de Policía Urbana y Rural de la Ciudad de Alicante y su término» de 1850, la denominada «policía de abastos» seguía prestando atención principalmente a los aguadores, panaderos, mataderos y mercados, a través de los tradicionales veedores y almotacenes, la preocupación de los higienistas y los avances científicos permitieron que la higiene pública, especialmente en lo relativo a la lucha contra el fraude alimentario, contara con la ayuda de lugares dotados con medios técnicos.


Fraude alimentario

El primer laboratorio químico municipal español se abrió en Barcelona en 1864; en Madrid se inauguró en 1878; y en 1881, en Valencia. En Alicante comenzó a funcionar en 1887. Su primer director fue José Soler Sánchez, catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza y farmacéutico, quien contaba con dos ayudantes: los médicos Manuel González y Esteban Sánchez Santana (que simultaneaba su labor en la Casa de Socorro). Se hallaba en la primera planta del Ayuntamiento (737 pesetas costaron las obras de instalación) y contaba con un presupuesto anual de 2.000 pesetas. Entre el material adquirido faltaba un microscopio, aparato imprescindible según informó el director al alcalde en un oficio fechado el 10-6-1887.

Como decíamos, el objetivo fundamental de este Laboratorio Químico Municipal era combatir el fraude alimentario. La labor de inspección recayó, a partir de 1889, en el médico higienista Luis Mauricio Jorro.

Durante los dos primeros años de funcionamiento del laboratorio, el porcentaje de adulteración encontrado entre las sustancias alimenticias analizadas rayaba el 50%, descendiendo a lo largo de los seis años siguientes hasta el 18%. Tal como se recoge en la «Memoria higiénica de Alicante», de 1894, hasta este año se habían analizado en el laboratorio 988 sustancias alimenticias, hallándose adulteradas o falsificadas. «No parecen muchas, así, á primera vista -comentaban los autores-; pero si se tiene presente que han sido recogidas por la guardia municipal, puesta de uniforme, advirtiendo que eran para sufrir el análisis en el Laboratorio y que los comerciantes han dado muestras de los artículos que consideraban de mejor condición, resultará que el número de sustancias adulteradas es extraordinariamente grande, pues no hay duda que si los artículos para analizar fuesen recogidos de otra manera, otros hubieran sido también los resultados». Entre las sustancias analizadas estaban el aceite, azúcar, vino, chocolate, harina, quesos, café, té, manteca, pan, carnes en salazón?, pero faltaban las carnes frescas, pescados y embutidos, entre otros productos, por carecer el laboratorio de competencias para analizarlos.

Pero en vez de ir incrementándose las competencias y los presupuestos del Laboratorio Químico Municipal, con el paso de los años ocurrió todo lo contrario, pues su actividad fue disminuyendo ante la indiferencia de los regidores, hasta ser trasladado a la Escuela Superior de Comercio, donde pasó a hacerse cargo de su funcionamiento José Soler López, hijo del primer director. En 1903, su presupuesto de gastos ascendía solo a 500 pesetas.

Tras la publicación en 1904 de la «Instrucción General de Sanidad», que contemplaba la existencia de laboratorios municipales, se creó en el Ayuntamiento una comisión especial y se produjo una larga discusión. Mientras el otrora director del laboratorio, Soler Sánchez, defendía el mantenimiento del instrumental en la Escuela de Comercio, los miembros de la comisión presentaron una moción el 8-2-1905, en la que proponían lareinstalación del establecimiento en la planta baja del Consistorio, puesto que «ya no suele verificarse ningun análisis gratuitamente para el Ayuntamiento (?), se realizan casi siempre en la Farmacia del Dr. Aguiló», asignándose nuevo personal técnico. Pero la moción fue desestimada por razones presupuestarias.


Instituto de Higiene

Seis años más tarde, el Ayuntamiento decidió la apertura de un Instituto de Higiene y Laboratorio Municipal, destinado a practicar análisis químicos y bacteriológicos, que fue inaugurado en abril de 1912. Su organización fue confiada al doctor Gabriel Ferrer, el cual propuso la inclusión de un dispensario antituberculoso, que fue abierto en 1914, con la colaboración presupuestaria del Gobierno Civil, y el nombramiento de un auxiliar especializado, el doctor Melis.

Además del dispensario antituberculoso, el Instituto de Higiene y Laboratorio Municipal contaba en la segunda década del siglo XX con secciones de sueroterapia, vacunación, veterinaria y serología, además de servicios antirrábicos, de análisis clínicos y de alimentos. Pero también esta institución sufrió pronto las consecuencias de la falta de voluntad política para sustentarlo, con presupuestos cada vez más menguados y la oposición de la asociación local de farmacéuticos.

Ya en el mismo año de la inauguración del Instituto de Higiene, Francisco Aguiló Cortés, subdelegado de Farmacia en Alicante, presentó un recurso ante el gobernador civil para impedir que en el establecimiento municipal se suministraran sueros y vacunas para uso médico y veterinario, cuando «no existan en las Farmacias y que los de aplicación medicamentosa no se despachen sin que en la fórmula respectiva exprese el facultativo no haberlos encontrado en condiciones adecuadas». La medida, a propuesta del doctor Ferrer, director del Instituto, fue aprobada en sesión celebrada el 7-3-1912, pero el recurso de Aguiló fue estimado por el Gobierno Civil, que revocó el acuerdo, «declarando por tanto que solamente están autorizados para la venta de medicamentos las farmacias legalmente constituidas».

En 1913 se dotó al Instituto de Higiene de un reglamento interno, que fue renovado en 1920, para incluir, entre otras cuestiones, que se ampliaba sus «funciones extendiéndolas á la provincia», si bien «seguirá siendo de la propiedad y administración del Excmo. Ayuntamiento». Y es que, desde 1916, el 25% del importe de emolumentos sanitarios recaudados en la provincia por el Estado, era destinado al Instituto de Higiene y Laboratorio Municipal de Alicante, siendo no obstante cada año insuficiente esta cantidad para mantener dicha institución. Su director era Luis González; y el inspector provincial de Sanidad, nombrado el 22 de noviembre de 1916, era José Gadea Pró, a quien se le pagaba 10.739'75 pesetas anuales a cuenta del Laboratorio.

A finales de 1924, el Ayuntamiento decidió instalar en el Laboratorio Municipal un gabinete de vacunación y revacunación antivariólica. El material necesario costaba 8.000 pesetas aproximadamente, si procedía del extranjero, y 6.000 si era construido en España.


Accidentes laborales

Un año antes, en 1923, el inspector de Sanidad y el veterinario municipal hubieron de someterse a tratamiento antirrábico en Madrid, por temor a haberse contagiado en las instalaciones municipales. Ello motivó la presentación de una moción del concejal Manero solicitando la mejora del funcionamiento del Instituto de Higiene y otra del concejal Santaolalla, que pidió la apertura de «un expediente en depuración de los hechos aludidos y de las responsabilidades consiguientes a los mismos».

Hasta nosotros han llegado algunos documentos relativos a accidentes laborales sucedidos en el Laboratorio Municipal, como el sufrido por el profesor químico Aguiló y la preparadora María del Carmen Rodríguez Galiano el 4-5-1935. A las 10'45 de la mañana, mientras preparaban una solución de bicromato potásico y ácido sulfúrico, «han tenido la desgracia de que cayera la vasija que la contenía, y aunque rápidamente se ha procurado neutralizar la acción cáustica, les ha producido sin embargo alguna quemadura en la pierna, brazo izquierdo y algo en la cara a la citada señorita, y al Sr. Aguiló en el pie». Fueron atendidos en el propio laboratorio por el director del mismo y los practicantes Bañuls y Llopis, y luego llevados a la Casa de Socorro. El 12 de julio, el Ayuntamiento aprobó indemnizar a la preparadora con 125 pesetas, por «la pérdida de sus prendas de vestir».

Tras finalizar la Guerra Civil, los servicios sanitarios municipales pasaron a depender de la Mancomunidad Provincial Sanitaria, incluido el Instituto de Higiene y Laboratorio Municipal. El acuerdo entró en vigor con fecha 1-1-1941. El Ayuntamiento se comprometió a abonar el 2% del presupuesto municipal para dicho servicio, y a cambio recibió 15.000 pesetas anuales por el alquiler de los locales.


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