Siempre se ha dicho que nunca se valora en su justa medida a todos aquellos que se encargan de la organización de actos festivos, sean de la índole que sean. Trabajar de forma altruista para el disfrute de otros siempre ha sido del agrado de pocos. Y especialmente, ser un profesional de la fiesta, manteniendo activa una empresa del sector, acarrea una serie de complicaciones que en los últimos años han ido in crescendo hasta convertirse, hoy en día, en muchos casos, en una auténtica odisea.
Las trabas que se plantean a la hora de poner en marcha cualquier acto festivo, ya sean Hogueras, Moros y Cristianos, fiestas populares y celebraciones de barrios o urbanizaciones son de todo tipo y condición. De manera especial, los cuatro jinetes del Apocalipsis a los que se enfrentan los festeros son la seguridad -en sus múltiples ramificaciones-, el uso de animales, la burocracia administrativa y la falta de recursos económicos, que impiden garantizar la estabilidad tanto de empresas como de colectivos festeros.
En primer lugar está la seguridad, un concepto que se aplica desde todo lo relacionado con la pólvora, hasta la salida de emergencia de una barraca montada en la calle cuatro días. Desde marzo de este año está en vigor un nuevo Reglamento de Explosivos, que se aplica mediante la Instrucción Técnica Complementaria (ITC). En un periodo de dos años, todas las poblaciones donde se celebran Fiestas de Moros y Cristianos están obligadas a que todos los tiradores obtengan la licencia de armas de avancarga, que conlleva un test psicotécnico, un certificado médico y el pago de una tasa. Es decir, un gasto superior a 40 euros por festero. Además, los tiradores con menos de dos años de experiencia deben realizar un curso de formación obligatorio de cinco horas.
Menos tiradores
En la práctica, esta medida está ocasionando un descenso considerable de tiradores en muchos alardos y embajadas, como ha ocurrido este año en Alcoy, Onil, Elda y Cocentaina, donde hubo menos festeros disparando y, por tanto, menos pólvora quemada. Serán Mutxamel e Ibi, a mediados de septiembre, los primeros municipios adaptados al 100% a la nueva normativa, donde cada festero dispondrá de cuatro kilos de pólvora, entregada en dos tandas y bajo estricto control de la Guardia Civil. «Hay que concienciarse. Antes podías disparar de extranjis, con el carnet de conducir, pero eso ya es imposible», explica el delegado del Área de l'Alacantí de la UNDEF, Pedro Miguel Planelles, a su vez, presidente de la Comisión de Fiestas de Mutxamel.
Otro hándicap cada vez mayor se basa en las críticas por supuesto maltrato animal. Grupos animalistas y partidos políticos ya han intentando, sin éxito, impedir la participación de animales en desfiles, como en El Campello o San Vicente del Raspeig. En la ciudad de Alicante solo se pueden lucir caballos, con el pertinente seguro y certificado veterinario en la mano.
El gerente de Equitación El Peluca, José Rafael Llorens, considera que «toda esa gente que critica no sabe de lo que habla. El seguro lo veo muy bien pero hay ayuntamientos que piden papeles que ni existen. Se trata a los animales como a las personas, están en sus cuadras muy bien cuidados, salen a trabajar unas horas a la semana y sudan por su trabajo, como sudamos los trabajadores o los futbolistas en el campo».
Por otro lado, la aplicación del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, de la Ley Autonómica de de Espectáculos obliga a cada colectivo festero que quiera montar una barraca en la calle a entregar una memoria descriptiva de la actividad, proyecto técnico, medidas contra incendios, salidas de evacuación y emergencia, y memoria de instalaciones eléctricas y conexiones de agua. A estas medias se le añaden planos y el imprescindible seguro de responsabilidad civil, que para un aforo habitual de 100 personas se fija en 18.000 euros. «Y todo esto por montar una carpa para hacer sombra», como afirma Pedro Miguel Planelles, que añade resignado: «Llegará el momento en que no podrás hacer nada».
