El sindicato de trabajadores de la enseñanza pública de UGT valoró ayer positivamente la situación de las plantillas y el empleo público, en concreto, la recuperación de 11.000 vacantes para el profesorado provisional el próximo curso. «Por fin, tras más de siete años de recortes, ajustes, penurias y vacas flacas, recuperamos los niveles de empleo docente que teníamos antes de la crisis y los recortes educativos», afirmaron desde el sindicato a través de un comunicado.

No obstante, desde la agrupación sindical criticaron que se imponga la certificación de capacitanción en valenciano que impide ocupar los puestos de trabajo a aquellos profesores que no cuenten con esta titulación. UGT recordó que el próximo curso 2017/2018, a 1 de septiembre, finaliza la moratoria existente para que los docentes cumplan con este requisito.

«Para UGT han fracasado las medidas que se arbitraron para facilitar que este profesorado, tras la moratoria de cuatro años, adquiriera la capacitación que precisa», aseguraron desde el sindicaro. Así, añadieron que la «obligación de un Consell que se dice que rescata y protege a las personas y que garantiza los derechos de los trabajadores, entre ellos los de los docentes de la enseñanza pública, que trabajan en los centros educativos de la Generalitat, debería haber sido modificar la normativa que les impide trabajar y arbitrar las medidas necesarias para que progresivamente y conforme señala el artículo 23.2 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, se le facilitara a este profesorado la formación y los recursos necesarios para adquirirla».

Reunión

En el comunicado, UGT señaló que solicitó una reunión con el conseller de Eduación, Vicent Marzà, sin recibir respuesta. El sindicato solicitó al titular del departamento, entre otras cuestiones, que «rectificase y actuase con rapidez en defensa de los derechos de los trabajadores de la enseñanza y de su derecho al trabajo, como es obligación en un gobierno de talante progresista y no excluyente, que se preocupa por las personas y la ciudadanía. Pero todo ha sido en vano. La decisión política estaba ya tomada, no hay voluntad política de cambiar nada en esta materia y el conseller ni siquiera se ha dignado a contestarnos», subrayaron desde la sección sindical.