«Respaldo a todos los miembros de mi gobierno», así de categórico se mostró el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras ser preguntado ayer sobre si mantiene su apoyo al conseller de Educación, Vicent Marzà, tras la suspensión del decreto de plurilingüismo por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) y después de que tanto el PP como Cs hayan pedido su dimisión.

Puig, que realizó estas declaraciones en la presentación de la Agencia Valenciana de la Innovación que se instala en Alicante, aseguró que «en Educación, como en todo, se puede mejorar y nosotros seguiremos hablando con todo el mundo para lograr consensos». « Pero lo que es fundamental es entender que el decreto de plurilingüismo se ha hecho porque ha habido un fracaso en la política educativa del PP tras la que sólo el 6% del alumnado acababa la etapa obligatoria sabiendo inglés y el 36% valenciano», explicó, para a continuación razonar que «lo que persigue este gobierno es la igualdad de oportunidades que no se logrará si no son todos los alumnos que acaban la ESO con competencia lingüística en los tres idiomas». Además, defendió que el decreto nació tras «hablar con las universidades, con aquellos que tienen mayores conocimientos de enseñanza de lengua y viendo la experiencia de otros países como Finlandia».

Por otra parte, aseguró que el comienzo del curso se desarrollará con «total normalidad» el próximo mes de septiembre. El Consell está estudiando las acciones que tiene que emprender para garantizar un inicio de curso «con absoluta normalidad», dijo, aunque admitió que aún no puede. «concretar la decisión». «Pero quiero garantizar a los padres que podrán escolarizar a sus hijos donde los habían matriculado», añadió. Puig recordó que la suspensión solo afecta a los niños de tres años, por lo que negó la situación de «caos» que denuncia el PP al que acusó de utilizar la educación como «una herramienta de campaña electoral permanente y de confrontación» después de que su presidenta en la Comunidad, Isabel Bonig, animara a las asociaciones que impugnaron el decreto a denunciar al Consell ante la Unión Europea por el «ataque y el chantaje a la libertad de los padres».