El Sindicato de Regantes del Tajo-Segura ha interpuesto un recurso por la vía de lo Contencioso Administrativo por la decisión del Gobierno de cobrarles las tarifas del Tajo-Segura aunque no reciban el agua debido al cierre del acueducto por la sequía, decisión aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 9 de junio, según denunció ayer el Scrats en un comunicado.
El Ministerio ha cambiado, según los regantes, el criterio y opta por un nuevo sistema de cálculo claramente recaudatorio que castiga las economías de los agricultores del sureste Español. «Con el nuevo procedimiento de cálculo las comunidades de regantes deben abonar cantidades fijas se trasvase agua o no. Criterios similares se utilizan en otro tipo de suministros como el de la energía eléctrica, sólo que en ésta la posibilidad de consumir está siempre garantizada». Los agricultores quieren agua y pagar, por ese orden. «Lo que resulta insostenible es establecer una tarifa para 421 hm3 sin trasvasar un solo metro cúbico», denuncia el Scrats.
A la sequía y sus efectos -entre otros tener que asumir aguas desaladas con costes desorbitados con respecto al resto de regantes del país- , los agricultores han de unir ahora tener que pagar por algo que no recibirán. Y en esta ocasión el importe fijo a satisfacer será de 12 millones de euros. Además, el Real Decreto Ley 10/2.017 que pretendía eximir el pago parcial del agua consumida este año, ha quedado en suspenso puesto que la Confederación del Segura no lo aplica al interpretar que está supeditado a la llegada de caudales que sumen o no el 50% o menos de las dotaciones totales de los agricultores.
