El grupo popular de Alicante ha formalizado en los juzgados de Instrucción el presunto fraccionamiento de las facturas del área de Comercio que dirige el grupo socialista. El portavoz popular, Luis Barcala, ya anunció el viernes que irían a los juzgados tras la comparecencia del interventor y el exjefe del área de Comercio, entre otros, en la comisión que investiga las posibles irregularidades de estos contratos de Comercio por un total de 189.000 euros.

Con esta denuncia se amplían las diligencias iniciadas en la Fiscalía, que ya investiga el caso, al entender que podría haberse cometido un presunto delito de prevaricación administrativa por el posible fraccionamiento de los contratos de Comercio cuando era un área que dependía directamente del alcalde, Gabriel Echávarri. «Técnicos municipales afirman que no han visto nada igual en los últimos 33 años años. No es una mera irregularidad sino que estamos ante un hecho mucho más grave: un presunto delito de prevaricación por el fraccionamiento de contratos», dice Barcala.

Por su parte, Yaneth Giraldo, portavoz de Ciudadanos, grupo que promovió la comisión de investigación, señaló ayer que la sesión del viernes puso en evidencia que «estamos ante un tema muy grave y no meras irregularidades administrativas como viene proclamando el alcalde. El hecho de que no controlara ni su firma electrónica para avalar los contratos de la campaña navideña de diciembre de 2016, 190.000 euros, lo deja en un situación política muy incómoda ya que su obligación era la de vigilar lo que estaba pasando en vez de hacer lo contrario, una dejación absoluta de responsabilidades, jugando con dinero público».