El PP presentará «de forma inmediata» en el juzgado de Instrucción una denuncia por el presunto fraccionamiento de las facturas del área de Comercio, ampliando las diligencias iniciadas en la Fiscalía -que ya ha pedido documentación al Ayuntamiento- al entender que podría haberse cometido un presunto delito de prevaricación administrativa consistente en la suscripción de contratos menores que implican fraccionamiento.
A este anuncio, el alcalde reaccionó diciendo que «se trata de una persecución política, como ya hemos señalado en varias ocasiones. No tiene ningún sentido que el interventor confirme que, en cualquier caso, estaríamos ante una infracción administrativa, y ellos acudan al juzgado». Ciudadanos, promotor de la comisión, también cargó contra el PP. «Resulta muy llamativo que anuncie una demanda judicial cuando en la comisión su representante, Mari Carmen de España, no ha abierto ni la boca. El señor Barcala, que acaba de perder un recurso judicial -el de opacidad de la información por el tripartito-, tiene la necesidad de resarcirse de su fracaso judicializando la vida política para ganar titulares». El PP reclama que los asesores Pedro de Gea y Lalo Díez, sean apartados «porque el alcalde, el interventor y el técnico han reconocido que intervinieron directamente en las decisiones».
