La sentencia que obliga a demoler estas casas es consecuencia del recurso interpuesto por el entonces Ministerio de Medio Ambiente contra la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, del 17 de junio de 1999, autorizando la contrucción de los seis adosados pese a afectar a la servidumbre de paso en suelo público. El Tribunal Superior de Justicia declaró las casas ilegales en 2003, y el Tribunal Supremo lo ratificó en 2009. La sentencia del Supremo rechazó en su día recursos presentados por Pascual Orts, Vicente Pastor Antón y Luis Torres Castaño contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en abril de 2003 que anuló la autorización concedida por la Generalitat y declaró ilegales los seis bungalows por estar construidos en terrenos que son servidumbre de protección y deben servir de paso al público en general. Hoy, sin embargo, los propietarios tienen nuevas esperanzas ya que el TSJCV ha admitido su recurso y también están a la espera del fallo a su reclamación patrimonial ante la Conselleria de Infraestructuras.
