El interventor declara que hay indicios de fraccionamiento en los contratos de Comercio

La comisión de investigación, que se formó a instancias de Cs, ha contado con dos testimonios esclarecedores, los del interventor municipal, Francisco Guardiola, que afirma que hay indicios de que hubo fraccionamiento; y la del exjefe de servicio del área de Comercio cuando se hizo la campaña, Diego Agulló, quien ha desvelado que la mayoría de expedientes no pasaron por sus manos. A una pregunta de si fueron contrataciones realizadas por los asesores de confianza del alcalde Pedro de Gea y Lalo Díez, ha dicho que así se habían hecho 22 de 25 contratos, una práctica que no era procedimiento habitual del área, ha indicado, utilizando la palabra excepcional.

Aunque los representantes de los medios de comunicación no hemos podido escuchar directamente ni al técnico de Comercio, Diego Agulló, el primero que alertó de posibles irregularidades por fraccionamiento de contratos, apartado por la actual edil del área, Gloria Vara; ni tampoco al interventor pese a ser una comisión pública, posteriormente ha trascendido el contenido de sus intervenciones.

Abrió la sesión el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, citado por la portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, quien ha respondido a sus preguntas que él no firmaba habitualmente todos los documentos, aunque en todos ellos aparezca su firma digital derivada del sistema electrónico que se utiliza. Aunque ha dicho que el trabajo lo delegaba en su asesor Pedro de Gea, se ha hecho responsable de lo que lleve su firma, manual o digital. Asimismo ha negado que haya existido fraccionamiento.

En un tono de voz apenas audible, se le ha entendido que no sabe por qué se hacían así y ha añadido que el asesor Pedro de Gea se encargaba del día a día del área de Comercio que él mismo ha dirigido hasta que hace pocas semanas delegó en la edil Gloria Vara. Ciudadanos ha mostrado interés por que comparezca De Gea pero está de vacaciones.

Ciudadanos ha llevado el peso de las preguntas porque el PP esperará a que se resuelva el procedimiento judicial abierto, según ha dicho su representante en la comisión, Mari Carmen de España. Al término de la comisión, los populares, que llevaron el fraccionamiento a Fiscalía, han anunciado que extienden la denuncia al juzgado de Instrucción al entender que existieron irregularidades. Asimismo, piden que los asesores de Echávarri que han salido en la causa, Pedro de Gea y Lalo Díez, sean apartados "porque el alcalde, el interventor y el técnico han reconocido que intervinieron directamente en las decisiones".

Guerra PP-Cs

La decisión del PP de llevar el caso al juzgado ha indignado a Ciudadanos. "Resulta muy llamativo que el PP anuncie una demanda judicial cuando en la comisión de investigación de hoy su representante, Mari Carmen de España, no ha abierto ni la boca. Lo único que ha dicho la señora de España es que no iban a hacer preguntas porque ya habían llevado el asunto a Fiscalía. A los pocos minutos se les ha ocurrido la demanda y la petición de dimisión de Lalo Díez y Pedro de Gea, que ni siquiera han comparecido en la comisión de investigación. El señor Barcala, que acaba de perder un recurso judicial, tiene la necesidad de resarcirse de su fracaso utilizando lo único que sabe hacer: judicializar la vida política para ganar titulares".

A esto el PP ha replicado que De España sí que ha hecho preguntas al interventor, al exjefe de Servicio de Comercio y al interventor.

También han asistido Miguel Ángel Pavón, por Guanyar, Natxo Bellido, por Compromís, y ha presidido el socialista Carlos Giménez.

Ciudadanos ha solicitado que no se le dé carpetazo hoy a la comisión, de hecho se reunirá de nuevo tras solicitar la comparecencia de los asesores De Gea y Díez.

Por su parte, el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, ha indicado que si se resuelve que hay una irregularidad administrativa significa que no se han hecho las cosas como se debía.