El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, César Sánchez, única institución pública que ha recurrido el plurilingüismo de Marzà y que hasta el momento ha obtenido el beneplácito del TSJ a todos sus requerimientos, insta al Consell a «volver a la legalidad» en materia educativa.
Sánchez culpa al «Gobierno de la Comunidad de actuar a base de martillazos y decretos», y aprovecha el varapalo que da el TSJCV al decreto de plurilingüismo aprobado en enero de este año, para apuntar que ahora el Consell «debe aplicar el decreto sobre el modelo lingüístico del año 2012 que tan buenos resultados educativos ha dado en la Comunidad».
Para el también miembro de la Ejecutiva nacional del PP, el mayor error del conseller Vicent Marzà ha estado en su «falta de consenso» a la hora de aprobar el decreto de lenguas suspendido cautelarmente por los tribunales.
«No es necesario buscar la radicalidad para cambiar las cosas, -señala Sánchez celebrando la resolución judicial-. Con diálogo, consenso y acuerdo podemos encontrar puntos de encuentro».
El máximo exponente de la Diputación Provincial concluye su valoración sobre el auto que obliga a Educación a aplicar el curso que viene el plurilingüismo que aprobó en su día el PP, con un canto a la libertad de elección educativa.
«Los valencianos y los alicantinos queremos que se respeten las leyes, que se respete la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, y queremos que se respeten los derechos fundamentales de nuestros hijos e hijas», subraya el dirigente popular.
Finalmente recalca que estas mismas reflexiones han sido «reconocidas por los tribunales en distintas resoluciones hasta la fecha, en relación a un decreto -concluye Sánchez- que discrimina y divide a la sociedad».
Inmediatez
Desde la sección sindical de CSI.F en la enseñanza solicitan por su parte a la Conselleria de Educación que «ejecute de inmediato» la sentencia del TSJ que reconocer «el desequilibrio para el castellano».
Para el sindicato, la discriminación reconocida por el tribunal «se produce por otorgar una certificación en inglés superior a quien opte por niveles con más carga lectiva en valenciano», y recuerda que este «agravio comparativo» lo incluyeron entre las enmiendas presentadas en su momento pero que no se aceptaron.
