26 de julio de 2017
26.07.2017

El TSJCV anula la ampliación del vertedero de Fontcalent autorizada en el año 2012

La sentencia estima el recurso de Ecologistas en Acción y EU, que alegaron que no había estudio de impacto paisajístico

27.07.2017 | 01:31

El Ayuntamiento aplaude la sentencia y anuncia un plan para alargar la vida de la planta hasta 2030

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado la autorización otorgada a la mercantil Inusa por la Conselleria de Medio Ambiente en 2012 para la ampliación del vertedero de basuras de Alicante con la quinta celda, lo que hubiera supuesto aumentar un 50% la capacidad del vertedero. El TSJCV estima así el recurso presentado por Ecologistas en Acción y el entonces grupo municipal de Esquerra Unida que lideraba Miguel Ángel Pavón, hoy vicealcalde de Alicante. El vertedero nunca se llegó a ampliar pero la intención de la actual concesionaria (Ferrovial, FCC y Enrique Ortiz) era ampliarlo dado que se estima que el vertedero solo tiene capacidad para los próximos cinco años.

La sentencia que anula la ampliación se basa en dos supuestos. No estaba prevista en el Plan de Residuos de 1997 y carecía de un estudio de impacto paisajístico.

Por tanto y según reza el fallo, se decide estimar el recurso contencioso-administrativo número 262/2013, deducido por Grupo Municipal de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en el Ayuntamiento de Alicante, y Federación Ecologistas en Acción del País Valencià frente a las resoluciones del Secretario Autonómico de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 15 de octubre de 2013.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El concejal de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, Víctor Domínguez ha señalado, en este sentido, que el Ayuntamiento de Alicante, "no vería de ninguna de las maneras" un recurso a la sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana que anula la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que otorgó en 2012, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana a la mercantil Inusa, porque "estamos en total sintonía con ella", aclara el edil.

Víctor Domínguez indica que la Concejalía de Medio Ambiente se encuentra en el proceso de redacción de un Plan de Gestión de Residuos, que prevea alargar la vida de la planta más allá de 2030. Domínguez explica que la sentencia no supone ningún trastorno, ya que los planes de la Concejalía pasan por acciones dirigidas a la reducción de los residuos, como es el caso de la recogida selectiva de materia orgánica que ha convertido a Alicante en una ciudad pionera, encaminada a reducir los residuos que puedan llegar a la planta hasta en un 40%.

De la misma manera, se esta trabajo para reducir los residuos que llegan desde fuera de Alicante, que en 2016 se han rebajado un 70% las toneladas y con el horizonte de que "no llegue nada de basura de fuera de nuestra ciudad antes de que acabe la legislatura", concluye el edil.

Esquerra Unida y Ecologistes en Acció, han mostrado su satisfacción con al sentencia, que han calificado de "concluyente". El alto tribunal valenciano da la razón a EU y Ecologistes en Acció, que mantienen que esta sentencia pone fin a los planes de los entonces gobiernos populares de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Alicante para convertir la planta de Alicante en uno de los principales vertederos de la Comunitat y, de paso, "hacer caja y negocio con los vertidos, sin tener en cuenta el grave impacto ambiental que suponen los malos olores, los lixiviados, la posible contaminación de acuíferos, la emisión de gases peligrosos y la degradación del paisaje", ha señalado el entonces portavoz municipal de EU y actual vicealcalde y concejal de Urbanismo por Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón.

Por su parte, el portavoz de Ecologistes en Acció del País Valencià, Carlos Arribas, señala que esta sentencia ha dejado claro que "se pretendía incumplir una norma de ámbito estatal como es el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Este nuevo escenario - continúa Arribas - obliga a la actual concesionaria, UTE Alicante, a rebajar la entrada de residuos en la planta, como máximo a 100.000 toneladas año para prolongar la vida útil del vertedero. De no cumplirse podría suponer un gran coste económico para las arcas municipales, ya que cuando se acabe su vida útil tendríamos que trasladar nuestros residuos a otras localidades", concluye.

Carlos Arribas y Miguel Ángel Pavón interpusieron en 2013 un recurso contencioso-administrativo contra la autorización que en 2012 otorgó la Dirección General de Calidad Ambiental. El recurso contó con el apoyo económico y social de la Asociación de Vecinos "Amigos de Fontcalent" de El Rebolledo, de la plataforma Salvem Fontcalent, de la Coordinadora de asociaciones y colectivos de las partidas rurales de Alicante (Cacpra) y de la Federación Local del sindicato CGT.

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