Nancy Santos solía bajar a Ramón en brazos cuatro veces al día a pulso por las escaleras desde el segundo piso en el que viven, en el barrio de Juan XXIII Segundo Sector, para que el niño, que nació con parálisis cerebral, pudiera ir a su colegio de educación especial por la mañana, y a natación y fisioterapia por la tarde. Su marido, jubilado de 73 años, no podía con él -«se me caían los dos y no le dejo cogerle», explica-, así que ella cargaba con el niño y él bajaba la silla de ruedas, que pesa también lo suyo, 23 kilos. Ésta ha sido su rutina durante los últimos años pero las cosas siempre se pueden complicar más. Pese a que fue retrasando una operación de útero, no la pudo posponer más y fue intervenida el 13 de julio. Tiene para seis meses de recuperación pero el médico ya le ha dicho que no puede cargar más con su hijo, que pesa más de 50 kilos y que seguirá creciendo.

Ramón lleva sin salir a la calle desde la operación porque nadie puede cargar con él y bajarle por las escaleras. Con el único amparo de la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia y el desencanto de un año intentando, sin éxito, ser recibidos por la Concejalía de Acción Social para exponer el caso en primera persona, lanzan un llamamiento porque necesitan una solución: ven que el chico se ve abocado a estar seis meses sin salir ya que, además, ya está en un nivel de enseñanza no obligatoria (educación especial en el IES 8 de Marzo).

Algo inmediato sería ayuda para bajar y subir a Ramón por las escaleras, «pero se necesitan ya dos personas porque pesa mucho, y eso sería un parche. Y todos los días tiene algo», explica Nancy, refiriéndose a las clases, la natación y los médicos. La mejor solución sería, según la familia y la asociación, acceder a un piso bajo en alquiler social o en altura pero con ascensor y baño adaptado. A cambio, cederían la única vivienda que han podido pagar teniendo en cuenta, según relataron, que en 2009 el banco del Instituto de la Vivienda no les quiso dar una hipoteca para un piso adaptado en San Nicolás de Bari por la avanzada edad de su marido pese a que otra entidad había aprobado el préstamo; y que tampoco pueden acceder a ayudas (llevan tres años denegándoselas) porque la pensión del cabeza de familia no es baja. La realidad es que el menor padece el grado de dependencia 3, el máximo; un 83% de discapacidad; y está operado de los tendones de las piernas. Así vive en un piso sin ascensor, donde la silla de ruedas no entra por la puerta del baño ni del dormitorio y le tienen que llevar a pulso.

«Está acostumbrado a una vida activa, a salir al colegio o al instituto, a terapia, a actividades de ocio. No deja de decir que quiere salir», lamenta su madre. Por su parte, Mercedes Molina, trabajadora social de la Asociación de Espina Bífida, advierte que la inmovilidad hará que Ramón empeore a nivel sanitario. «En la asociación no tenemos recursos. Ojalá tuviéramos un piso o una residencia. Hemos preguntado a los socios por un piso económico, buscado empresas de atención a domicilio, un servicio de ambulancias pero hay que pagar...Nadie alquila barato y accesible. Ramón ya pesa mucho. O cambian de vivienda o no hay solución». «Es un menor. Alguien tendrá que tomar una medida de apoyo. ¿Va a estar seis meses sin salir?», concluye la trabajadora social.